La denuncia de Hacienda y la fiscalía contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso parecía un movimiento calculado para contrarrestar políticamente el tufillo del caso Koldo en el PSOE.

El nombre de la pareja de Ayuso, Alberto González y la denuncia, los 350.000 euros que le investiga Hacienda se filtraron en tiempo y forma a la prensa.Justo antes de que el presidente del Gobierno fuera a responder en el Senado preguntas sobre el caso Koldo.

El debate está ahora sobre la filtración interesada que se ha hecho de unos datos privados. Qué pasa cuando esos nombres y esos datos los hace públicos un funcionario o una autoridad que se supone tiene un deber de confidencialidad?. Dónde queda la protección de cualquier ciudadano. Aquí es donde se le puede estar complicando la situación a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La ministra Montero aludía a una información sobre la pareja de Ayuso que salía en los medios no tendría nada de especial si no fuera porque esa noticia, NO se había publicado todavía como hecha dijo.

Para el PP esto demuestra que Montero, como mínimo, conocía qué se había filtrado y sobre quién. Esto es lo que lleva a la noticia que esta mañana ha adelantado Carlos Herrera en COPE.

Herrera alude al Artículo 417 de Código Penal que se refiere a los Funcionarios y autoridades que revelen información que posean por razón de su cargo.

En los casos más leves, puede acarrear una multa y la inhabilitación pero cuando esa información filtrada genera un daño a un particular, podría pedirse incluso de 2 a 4 años de prisión.

Ayer la ministra por cierto negó haber dicho lo que dijo pero ahí está la grabación que verifica que dió una información antes de que se publicara.