La nueva ley de Memoria Democrática que preparan el gobierno y sus socios es una enmienda a la Transición que tendrá pésimas consecuencias. Si hay un momento de nuestra historia en el que se hizo evidente que el otro, el que no piensa como nosotros ni pertenece a nuestra matriz cultural, no es un enemigo sino un compañero de camino, ese momento fue la Transición. La memoria estaba fresca, la historia pesaba. No fue el tiempo del olvido, sino de una memoria ancha y generosa, capaz de incluir el dolor del otro, sus razones y expectativas. Se aplicó un sano realismo que entiende que las construcciones humanas son siempre imperfectas, que los ordenamientos políticos son relativos y sólo así pueden aproximarse a la justicia.

Para todos, partidos, intelectuales, medios de comunicación, sindicatos, la propia Iglesia, fue necesario un camino de purificación, de sacrificio, de apertura hacia el que hasta hace poco era visto como adversario, más aún, con el que se pensaba tener legítimas cuentas pendientes. Así surgió el abrazo de la Transición, que no es una evocación poética sino la descripción de una obra política de gigantesca envergadura en la que todos corrieron sus riesgos. Como toda política verdadera, ésta tenía un cimiento cultural y espiritual; estaba sostenida por el protagonismo de una sociedad y alentada por la guía de políticos clarividentes.

Ahora bien, no basta tener una casa sólida y confortable para que se produzca una auténtica vida de familia. No bastan los mimbres de la Constitución si nuestra conversación nacional no es viva y sincera, si falta el esfuerzo de un verdadero encuentro y de una construcción común. Eso es lo que parece empeñada en destruir una cierta política, que no merece un nombre tan noble.