En medio de la polémica sobre la ex diputada de la CUP, Anna Gabriel, el Gobierno se mantiene firme en su compromiso de garantizar para los padres que la quieran la educación en castellano en Cataluña pese al último revés que le ha dado el Tribunal Constitucional, invalidando el sistema actual, en el que el Gobierno es quien paga esa educación en centros privados.