Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo: "De lo de Txeroki nos hemos enterado por la prensa, porque ni siquiera se nos notifican este tipo de decisiones"

Conocido por su alias en la banda terrorista, Txeroki. Fue el jefe militar de ETA durante unos meses hasta su detención en Francia a finales del año 2008.  Txeroki intentó asesinar a Marisa Guerrero, periodista delegada de Antena 3 en el País Vasco. Marisa nunca olvidará la mañana del 17 de enero de 2002. El terrorista envió a su casa en Lejona, en Vizcaya, un paquete bomba. Aquella mañana Marisa tenía una reunión de trabajo en Victoria. Un mensajero llamó a la puerta. 

La madre de Marisa recogió el paquete con su nieta recién nacida en los brazos. La hermana del bebé, una niña de 3 años, quería abrir el paquete. Eran las sobrinas de Marisa. Su madre le llamó por teléfono para decirle que había recibido un paquete con un logotipo de la patronal de los empresarios del País Vasco. 

El que fuera jefe militar de ETA, Mikel Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, cumple su tercer día en régimen de semilibertad. El Gobierno vasco le ha concedido la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, lo que le permite abandonar la cárcel de Martutene (San Sebastián) a las ocho de la mañana y no regresar hasta las nueve de la noche. Pese a acumular casi 400 años de cárcel por su extensa lista de crímenes, entre los que se encuentran los asesinatos de dos ciudadanos ecuatorianos en el atentado de la T4 de Barajas en 2006, su puesta en libertad definitiva está fijada para octubre de 2027.

El recuerdo del atentado fallido

La noticia ha sido un duro golpe para sus víctimas, como la periodista Marisa Guerrero, delegada de Antena 3 en el País Vasco, a quien Txeroki intentó asesinar el 17 de enero de 2002. El terrorista envió un paquete bomba a su domicilio en Lejona (Vizcaya) que contenía 300 gramos de dinamita, una cantidad suficiente para acabar con la vida de toda su familia.

Aquel día, la madre de Marisa recogió el paquete mientras sostenía en brazos a su nieta recién nacida. La otra sobrina de la periodista, de solo tres años, quería abrirlo. Fue una llamada de la madre a Guerrero, que se encontraba en una reunión de trabajo, lo que evitó la tragedia. "En el momento en que mi madre me llama y me dice que ha llegado un paquete de CONFEVASC, inmediatamente se me encienden todas las alarmas, y le digo: ' deja ese paquete lo más alto que puedas y salir de casa inmediatamente'", ha relatado la propia periodista.

"Una política para premiar a los etarras"

Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), su abogada, Carmen Ladrón de Guevara, ha explicado en el programa 'La Tarde' de COPE el contexto de esta decisión. Aunque tiene un marco legal que la ampara, Ladrón de Guevara considera que el debate se sitúa más allá de la legalidad, en el plano de la ética. Según ha transmitido, las víctimas del terrorismo están "revueltas" y "muy tocadas" ante lo que perciben como una estrategia para favorecer a los presos de la banda.

"Están viendo o estamos todos presenciando una política penitenciaria más centrada en premiar, en beneficiar a los etarras, que en pensar en la justicia a las víctimas", ha afirmado la abogada. Para la AVT, es lo mínimo que el sistema puede ofrecer: "ni un día más de las condenas que están fijadas en sentencia, pero tampoco ni un día menos". Ladrón de Guevara lamenta la impotencia de las víctimas, que no pueden oponerse a estas decisiones y se enteran de ellas "por la prensa".

Este beneficio penitenciario es, a ojos de la asociación, un "tercer grado encubierto". La abogada ha detallado que el artículo 100.2 se introdujo como una medida excepcional por razones médicas, pero denuncia que "se está aplicando ya de una forma generalizada para flexibilizar a aquellos que no cumplen los requisitos del tercer grado", como ya ocurrió con los condenados por el 'procés'. A diferencia del tercer grado, cuyo recurso por parte de la fiscalía suspende la salida, esta es una decisión ejecutiva y automática que solo requiere la ratificación de un juez.

El contexto político

La letrada de la AVT enmarca esta situación en la hoja de ruta que ETA estableció en 2017 para "servirse de la legalidad como método de lucha en las cárceles". Una estrategia que, según ha señalado, encontró ejecutor en 2018 tras la moción de censura. "Hoy hemos sabido que efectivamente se negoció con Bildu el apoyo a la moción de censura, y de las primeras declaraciones que hizo el presidente del gobierno fue para anunciar un cambio en la política penitenciaria", ha recordado. Este cambio implicó el fin de la dispersión, el acercamiento de todos los presos a cárceles vascas y navarras y la cesión de las competencias penitenciarias al Gobierno vasco, que ha instaurado un modelo que "prima el régimen de semilibertad".

La situación de 'Txeroki' podría, sin embargo, cambiar. Actualmente, su límite máximo de cumplimiento es de 25 años, pero tiene juicios pendientes, entre ellos, el del atentado de la T4. Como ha explicado Ladrón de Guevara, si en ese juicio se consiguiera "una condena superior a 20 años", el límite máximo de su pena variaría. Esto podría llevar a la paradójica situación de que, tras disfrutar de este régimen, fuera condenado de nuevo y tuviera que volver a prisión.