Después de lo sucedido en la manifestación del 8 de marzo del año pasado hubiera sido lógico reconocer que lo mejor este año es no manifestarse. Pero algunos grupos feministas han insistido en reclamar que se les dejara organizar manifestaciones. Irene Montero, sin ir más lejos, en contra del criterio de su Gobierno ha vuelto a hablar de una campaña de “criminalización” contra el movimiento feminista porque no se hayan autorizado las manifestaciones.