"La Abogacía del Estado, directamente dependiente del Gobierno, ha reducido la acusación que defendía hasta el momento y ya no pide a los jueces una condena por rebelión. Ha sido sin duda un giro, un gesto de Sánchez con sus socios independentistas.

Pero ese cambio, de naturaleza política, tiene poco o ningún efecto jurídico. El papel esencial de la Abogacía del Estado es recuperar el delito que supuestamente ha sido malversado.

Es, sin embargo, decisivo, que la Fiscalía, con el nuevo Gobierno, mantenga la acusación de rebelión para Oriol Junqueras para el que reclama 25 años de presión, para los ex consejeros, para la ex presidenta del Parlament, para los Jordis y para Trapero. La pena de 25 años está cerca de la máxima pena por este delito.

La Fiscalía ve el requisito de violencia en la fuerza intimidatoria de los tumultos de las manifestaciones de los independentistas y en la intervención de los Mossos de Esquadra. Hay que recordar que la condena por rebelión puede ser por un delito consumado o por la tentativa.

¿Cuál es la buena noticia? La Fiscalía mantiene el criterio a pesar de que sus responsables han sido nombrados por Sánchez. Estamos de enhorabuena, porque con una Fiscalía de un gobierno y con otra Fiscalía de otro gobierno, la acusación se mantiene sustancialmente idéntica. Hay Estado de Derecho en España, hay separación de poderes en España".