El lunes no habrá pleno de investidura en el Parlament, el presidente Roger Torrent ha decidido suspenderlo, y van dos, después de que el juez Llarena negara a Jordi Sánchez, el candidato, un permiso para salir de la cárcel y ser investido. El pleno se suspende a la espera de que el Tribunal de Estrasburgo se pronuncie sobre un recurso que presentará el Parlament por supuesta vulneración de derechos de representación.

Jordi Sánchez, ex presidente de la ANC, no iba a ser presidente de la Generalitat. Lo sabíamos antes de que el juez Llarena dictará el auto. Su procesamiento, que implica inhabilitación, está cantado. Su candidatura estaba condenado al fracaso. El juez Llarena ha escuchado la petición de la fiscalía que ha argumentado que si a Jordi Sánchez se le daba la posibilidad de asistir al pleno había riesgo extraordinario de reiteración delictiva. El argumento de la fiscalía es rotundo. Jordi Sánchez esta en la cárcel por haber cometido presuntamente un delito de rebelión. El documento que ERC y JXCat enviaron a la CUP para conseguir los cuatro votos necesarios de la formación anti-capitalista para la investidura de Jordi Sánchez incluye, blanco sobre negro, la reiteración del delito. Ese documento elaborado para seducir a la CUP incluye la promesa de un proceso constituyente para romper España, un nuevo 9-N y una estructura paralela, conocida como el Espacio Libre en el Exilio, que no es otra cosa que una Asamblea de Representantes de la República del que sería presidente simbólico, Puigdemont. Con ese papel mandado por ERC y JRC a la CUP, la fiscalía y Llarena lo tenían muy fácil. El juez Llarena en su auto argumenta que en la candidatura de Jordi Sánchez hay otros electos que están limpios y que podría haberse recurrido a ellos.

Llarena argumenta también que no se puede aplicar el precedente de Juan Carlos Yoldi, el preso de ETA al que Herri Batasuna presentó como candidato a lehendakari en 1987. Yoldi sí pudo asistir a una sesión de investidura pero Yoldi estaba acusado de pertenencia a banda armada y acudir al Parlamento vasco no implicaba un riesgo de reiteración delictiva.

El Gobierno insiste en que el independentismo tiene que buscar a otro candidato.

De todo este último capítulo del culebrón independentista se deducen tres conclusiones:

Conclusión 1. Puigdemont sigue bloqueando cualquier solución razonable. Es Puigdemont quien impuso a Jordi Sánchez como candidato a la Generalitat, a sabiendas de que esa candidatura prolongaría el bloqueo. El independentismo sigue bloqueado por Puigdemont y por sus caprichos personales

Conclusión 2. El independentismo sigue en manos de la CUP, como lo está desde las elecciones convocadas en 2015 por Artur Mas. No es cierto que es el independentismo sea mayoritario, es mayoritario siempre que tenga el apoyo de una formación anti-capitalista y antisistema.

Conclusión 3. El independentismo dice una cosa ante los jueces cuando se quiere librar de la cárcel y otra diferente cuando tiene que formar Gobierno, porque para poder formar Gobierno está en manos de una CUP que no quiere dar un paso atrás. Ante los jueces el independentismo habla de soberanismo simbólico.

Y cuando habla con la CUP, vuelve la burra al trigo, y lo que era simbólico se convierte otra vez en real. El documento enviado a la CUP para conseguir su apoyo deja al pie de los caballos a los miembros de la antigua mesa del Parlament y a todos, que son muchos, de los que se acogieron a la “vía Forcadell” ante los jueces

El independentismo requiere de nosotros y de la nación española una energía que no ocupamos en otras cosas muy importantes. Tan importantes para llevar una vida buena como los salarios.

Los sindicatos y el Gobierno han llegado a un acuerdo para aplicar a los funcionarios una subida salarial de más del 8 por ciento en los próximos tres años. El acuerdo abre además la puerta a la jornada de 35 horas semanales en aquellas administraciones que cumplan los objetivos económicos. Permitirá la creación de empleo neto en el sector público. La subida subida representa una mejora respecto a la oferta que planteó el Gobierno en septiembre, que era del 5,25 por ciento. La economía marcha, se recauda bien y el Gobierno está dispuesto a gastar.

Los empleados del sector privado han visto como sus sueldos subían moderadamente en los últimos años, los sueldos de los servidores públicos estuvieron congelados hasta 2016. Los funcionarios recuperarán ahora parte de la capacidad adquisitiva perdida durante los duros años de la crisis. Si alguno crítica merece este acuerdo es que todavía deja pendiente una mayor vinculación entre remuneración y productividad.

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"Tiene que haber una relación directa entre las retribuciones que percibimos y la productividad"

Hace tiempo que el Gobierno aseguró que había llegado el momento de subir los salarios para consolidar la recesión. Ayer el ministro de Hacienda, Montoro, pedía aque la subida salarial de los funcionarios fuera también para el sector privado.

El salario más común en España está estancado, a pesar de las reducidas subidas salariales del sector privado, en 1.178 euros mensuales. Una cantidad evidentemente modesta, que para muchos jóvenes es aún menor. La salida de la crisis se ha basado, en gran medida, en la competitividad que proporcionó la devaluación salarial. Pero ese no es un modelo sostenible. No podemos seguir competiendo en un entorno global con bajas remuneraciones porque siempre habrá quién produzca más barato.

Es cierto, por otra parte, que tiene que haber una relación directa entre las retribuciones que percibimos y la productividad. España está en la cola de Europa en productividad y formación de sus trabajadores. Para mejorar es necesario invertir, mejorar el sistema educativo, mejorar la formación de los trabajadores, con el esfuerzo de los empresarios, de la Administración y del Tercer Sector. De estas cosas, de cómo impulsar una retribución que favorezca una vida buena, es de lo que deberíamos estar hablando y no de otras cuestiones inútiles.