La decisión de desoír al Consejo de Estado para bloquear la investidura de Puigdemont tiene un precio. El Gobierno ha acabado haciendo lo mismo que reprocha a los secesionistas, pasar por encima del criterio de los letrados y forzar el procedimiento.

Hasta el propio Estado acepta que el fin justifica los medios

Al prometer que el prófugo no saldría elegido, Rajoy se ha dado cuenta de que podía pillarse los dedos y ha ordenado tirar para adelante, a costa de perderle el respeto a las formas y situarse en el límite de las reglas del juego.

El presidente no quiere que le vuelva a acusar de llegar tarde y de quedarse quieto y ha aceptado bajar a un terreno embarrado para fajarse cuerpo a cuerpo.

Puigdemont perderá el pulso, pero está a punto de ganar en el fango un desafío perverso. El de demostrar que cuando las cosas se ponen verdaderamente feas, hasta el propio Estado acepta que el fin justifica los medios.

 

Ignacio Camacho opina sobre esta noticia:

El Consejo de Ministros ha autorizado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a recurrir ante el Tribunal Constitucional la propuesta de candidatura de Carles Puigdemont a ser investido presidente de la Generalidad.

Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo.

La vicepresidenta del Gobierno. Soraya Sáenz de Santamaría, ha reafirmado que el Ejecutivo usará todos los "instrumentos legales" para evitar que Puigdemont, pueda continaur con su desafío al Estado de Derecho y la legalidad.

Sáenz de Santamaría ha dicho que respeta la opinión del Consejo de Estado -que discrepa del momento procesal para presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional- pero ha añadido que si la investidura de Puigdemont sigue adelante "puede causar un daño grave a las instituciones españolas y a su democracia".