Ignacio Camacho cree que el coste que ha tenido el despliegue de seguridad policial en Cataluña es “el precio de la larga incomparecencia del Estado” en el conflicto secesionista catalán. La operación Copérnico desplegada con motivo del referéndum ilegal del 1 de octubre ha supuesto a las arcas del Estado un coste de 87 millones de euros.

Es el dato que ha desvelado esta mañana el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en su comparecencia en el Senado a petición de EH Bildu y el PSOE. Camacho cree que, para volver a “hacerse presente”, el Estado “ha tenido que tirar de chequera por falta de recursos elementales”.

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En el dispositivo participaron, desde mediados del mes de septiembre, hasta 6.000 efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Ignacio Camacho considera que “lo de menos” ha sido el precio, pero “lo importante” es que la necesidad de este despliegue “revela el desvarío de una renuncia que solo puede conducir al fracaso”.