Ángel Expósito repasaba en La Linterna de COPE tres casos que tienen algo en común. El primero tiene lugar en Pontevedra. Su triste protagonista es un hombre de 48 años de edad. Para entender la historia, hay que remontarse unos quince años atrás, cuando este individuo se casó con una mujer de origen sudamericano. Ella tenía una hija, que llegó a España cuando tenía cuatro años y comenzó a convivir con ellos. Desde entonces, él fue su figura paterna. Sin embargo, la relación entre ambos era poco cariñosa. La pegaba, incluso abusaba sexualmente, tanto de ella como de su otra hija, ya adolescente. Tras la investigación quedaron probados tres delitos de abuso sexual. Se le condenó a un total de once años y dos meses de cárcel. Parecía haberse hecho justicia, pero a día de hoy ya está en la calle.

El segundo ejemplo tiene lugar en Madrid, en concreto en la localidad de San Sebastián de los Reyes. Antonio era un profesor que daba clases de inglés en un colegio público de la localidad. Era un docente normal, en el centro no llamaba la atención, pero todo cambiaba cuando terminaba la actividad en el aula. Poco a poco ganaba la confianza de sus alumnos, en su mayoría jóvenes menores de edad. Y lo hacía invitándolos a su casa, bebiendo alcohol juntos o incluso tomando drogas. Era el momento en el que los pagaba para poder hacerles tocamientos o incluso abusar de ellos sexualmente. Por estos hechos fue detenido y condenado por la Audiencia provincial de Madrid seis años y nueve meses. Esto fue en enero de este 2022 y aunque parezca mentira ya está en la calle. El tribunal que le condenó interpretó que en la nueva ley despenalizaba los casos de consentimiento con menores que ya han cumplido los 16, por lo que eliminó casi toda la condena, que se redujo a 15 meses.

El tercer y último caso también tiene lugar en Sevilla. Su protagonista es Lucía. Cuando tenía siete años comenzó a ser víctima de abusos por parte de su tío durante 5 largos años. A los 12 ya no pudo más y le contó a unos amigos lo que estaba pasando. En ese momento empezó un proceso demasiado largo. Ocho años después de la denuncia, su agresor entró en la cárcel para cumplir una condena de 12 años. El pasado febrero, su agresor solicitó la reducción de la condena en virtud de los cambios de la Ley del ‘Solo sí es si’. La Audiencia de Sevilla la revisó y decidió reducirla 6 meses. Al tío de Lucía todavía le quedan 11 años de cárcel. Ahora tiene 21 años y es consciente de que su agresor no va a cumplir la totalidad de su condena por culpa de la aplicación de la ley.

Los tres condenados se han beneficiado de las rebajas aplicadas por la nueva Ley “Solo sí es Sí”. Hasta el momento, cerca de mil condenados por delitos sexuales se han beneficiado ya en sus penas. De todas ellas, más de cien ya están en la calle.

El duro testimonio de Ana tras la reforma de la ley 'Solo sí es sí'

COPE ha dado voz a un caso que es especialmente duro porque el agresor es su padre. Ana, que así se llama esta mujer, intentó denunciarlo antes, pero nadie la creyó. No fue hasta varios años después, en el 2015, cuando pudo llevarle ante los tribunales. Pero había pasado tanto tiempo que finalmente fue condenado a la pena mínima, a ocho años de cárcel. Pidió una revisión de condena, pero finalmente el juez se la rechazó. Sin embargo, el daño estaba ya hecho.

Ana, ahora con 43 años, explicaba en La Linterna de COPE que se encuentra “sobreviviendo” tras varios meses complicados por la aprobación de la ley 'Solo sí es sí': “Sufrí agresiones sexuales, además de maltrato físico y psicológico, por parte de mi padre desde los tres años hasta la mayoría de edad. Con 15 años lo intenté denunciar, pero nadie me creyó, ni mi familia ni la policía”. Ana estuvo desde muy pequeña acudiendo al psicólogo, con intentos de suicidio.

No fue hasta años más tarde, cuando Ana consiguió una grabación que le permitió demostrar a los demás lo que llevaba sufriendo toda una vida. Finalmente, consiguió que lo condenaran: “Fue gracias a una grabación telefónica de más de 13 minutos donde mi padre reconoce la verdad. Dice que no sabe qué hacer, si suicidarse. Se pregunta si entrará a la cárcel, si mi madre se separará de él”. Ana confiesa que cuando mostró esa grabación si intención era demostrar que no era una mentirosa, además de conseguir que su padre acudiera a un especialista para tratarse, pero se lo puso muy complicado: “Mi padre empezó a negarlo todo y fue cuando empecé con la querella criminal”.

Hace cinco meses su padre se entera de que puede solicitar la revisión de su condena con la aprobación de la ley 'Solo sí es sí', pero el juez la rechaza: “No le dan la rebaja de condena. Esto no va de jueces machistas ni cómo interpretan las leyes, sino que mi padre fue juzgado a la carta. Como fueron tantos años de agresiones sexuales, hubo en vigor dos códigos penales, el de 1973 y el de 1995, por lo que escogió el que más le beneficiaba”. Al padre de Ana le aplicaron la cuasiprescripción por lo que le impusieron 8 años de prisión: “Lleva siete años en prisión, ahora está empezando a tener permisos penitenciarios y en marzo del año que viene se supone que ya termina, pero imagino que con el tercer grado hace una vida normal”.

Ana deja claro en COPE la falta de herramientas con las que cuentas las víctimas de agresiones sexuales y el infierno por el que se ven obligadas a pasar: “Cuando estamos en el proceso judicial no tenemos acompañamiento psicológico por parte del juzgado y yo parecía la agresora, no la víctima. No tenemos ayuda económica y, a día de hoy, no tenemos ningún tipo de ayuda”. Ana lamenta que la clase política no se haya preocupado por la salud mental de las víctimas y lo que ha supuesto “revivir todo de nuevo”. Antes, con veinte minutos de consulta, tenía suficiente, mientras que tras la aplicación de la ley ha pasado a necesitar dos horas debido a que su trauma “se ha disparado”.

“Con el dolor de las víctimas no se debe jugar. No somos campaña política, me da vergüenza. Como víctima me da asco ver cómo Rosell, concretamente, minimiza el tema diciendo que las rebajas de condenas serían solo un 2%, pero detrás de ese 2% hay personas con nombres y apellidos que sufrimos. Deberían de haberse unificado antes porque todas las violaciones que se cometan hasta que la reforma aparezca en el BOE van a acogerse a esta ley absurda”, sentencia.