Zair tiene 25 años. En realidad este no es su verdadero nombre pero quiere guardar su identidad por puro miedo. Hace dos meses se vio obligado a huir de Irak, su país de origen. No tuvo más remedio. Estaba amenazado de muerte tras discutir con su padre que trabajaba para el Gobierno. Así que contactó con un traficante de personas y empezó su travesía hasta Calais.

Se subió a la parte de atrás de un camión y empezó a recorrer más de cinco mil kilómetros hasta llegar a Francia. Ya en Calais, pasó nueve días en un campamento de refugiados. Después era el momento de cruzar el Canal de la Mancha. Se subió en un bote hasta que el 23 de mayo pudo tocar tierra. Por fin estaba en Reino Unido. Poco ha durado su alegría. Ahora varios funcionarios británicos quieren meterla en un avión para que aterrice en Ruanda, a unos 10 mil kilómetros de distancia, en otro continente y con un futuro bastante incierto. Zair no entiende nada.

Pero esa sensación es la misma que tienen otros refugiados que como él han pasado por una situación similar. Y es que es la medida que quiere llevar a cabo el Gobierno de Boris Johnson y que ha sido respaldado por la justicia. A partir de ahora las personas que como Zair entren ilegalmente en Reino Unido serán deportados a Ruanda.

Esta polémica decisión llevada a cabo por el Gobierno británico no viene de ahora, ya que forma parte de la campaña del referéndum por el Brexit del 2016, en la que se prometía que se iba a volver a recuperar el control de la vida de los británicos y también el de sus fronteras. Pero esto no ha sido así. Para que te hagas una idea, si en 2019 fueron apenas 300 las personas que intentaron cruzar de modo irregular el canal de la Mancha, dos años después, en 2021, la cifra superó los 28.500. Y ahora en este año la cifra ya supera los cinco mil.

Había que tomar una decisión. Se empezó primero a hablar de países como Albania o Ghana para abrir centros de migrantes en el exterior. Pero finalmente el Ejecutivo británico eligió a Ruanda, el país del este africano, como el destino que van a tener todos aquellos que entraran ilegalmente en Reino Unido.

El acuerdo entre ambos países va a suponer que el país africano reciba unos 144 millones de euros a cambio de permitir a las autoridades británicas reenviar gran parte de los inmigrantes irregulares interceptados cada año en el canal de la Mancha. Muchos de ellos tienen miedo de pisar un lugar que, no nos olvidemos, fue el escenario que vivió la masacre genocida de la minoría tutsi a manos del Gobierno hutu, en 1994. Y claro, el aluvión de críticas no ha tardado en llegar. Una de las más rotundas ha sido la de la iglesia anglicana.

Ahora todas aquellas personas que dentro de poco acabarán en Ruanda por esta decisión del Gobierno Británico intentan presentar recursos ante la justicia para alargar un poco más su estancia en las islas. Pero la medida puede llegar a provocar un precedente peligroso. Son varias las ONGs que han salido para protestar contra una decisión que no tiene en cuenta los derechos humanos. Para el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, se trata de un gran error que podría tener consecuencias bastantes delicadas.

Veremos en qué acaba todo. Por ahora, la medida para varias ONGs atenta contra los derechos fundamentales. Sin embargo sigue respaldada por la justicia y puede crear un precedente muy peligroso de cara al futuro.