En España se está hablando mucho de educación. Pero parece que no lo suficiente ya que se ha creado un gran debate en torno a la posible nueva ley de Educación llamada Ley Celaá. En este ambiente han surgido diversas iniciativas y plataformas para defender el derecho a la libertad de elección en la educación por parte de los padres. Como por ejemplo educacionporderecho.com, donde el abogado y profesor de la Universidad de Extremadura, Francisco Lamoneda analiza la situación en la Linterna de la Iglesia.

Lamoneda explica por qué y cómo nace esta plataforma, que ya estaba pensada antes incluso de la situación actual: "Pensamos que era bueno unirnos para coordinar acciones en defensa de la educación. Y ha venido a nacer en el momento más adecuado que ha sido cuando ha salido este proyecto de Ley".

"Desde el momento en el que la ley se publique en el BOE se cuenta con tres meses para recurrir", explica Lamoneda. "Ese recurso solo lo puede presentar 50 senadores o 50 diputados. Algunos partidos ya han dicho que lo presentarán, una vez entre la ley entraría nuestra comisión si se vulnera esa libertad de educación. Vamos a recurrir al Tribunal de Derechos Humanos Europeo porque claramente viola los pactos de derechos fundamentales. Vanmos a estudiar la posibilidad de manera altruista para defender y ponernos a disposición de la sociedad".

El educador explica que este tema no tiene nada que ver con la ideología sino que está en cuestión la libertad de todos los ciudadanos: "El artículo 27 es clarísimo pero se está intentando imponer un modelo distinto. Nosotros no defendemos una ideología o una política sino que defendemos la constitución. Lo que afecta a las convicciones morales corresponde a los padres, solo los estado autoritarios deciden qué deben estudiar. Las instituciones del estado son ideológicamente nuetras".

Además Lamoneda explica que tiene sus "dudas de que esto se pueda hacer. Nos enconntramos con que esto ya hasido objeto de sujetos aprticulares porque nos podemos encontrar con inconstitucionales. Cuando haya perjuicio de especial relevancia, es decir cuando se opnga a los derechos de la Constitución habría que establecer un sistema excepcional. Serían daños no solo intolerables sino irreparables".