La reforma para reducir la mayoría parlamentaria que elige 12 de los 20 magistrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que presentaron este martes el PSOE y Podemos sin los informes preceptivos y por la vía rápida ha provocado un seísmo en las principales asociaciones de jueces, españolas y europeas, que alertan ya sobre las graves consecuencias que puede suponer si sale adelante.

La propuesta de ambos partidos es que la renovación del CGPJ, en funciones desde hace casi dos años, pueda hacerse con mayoría absoluta y no como hasta ahora, cuando se necesita el apoyo de 3/5 partes del Congreso de los Diputados y del Senado. De salir adelante, el PP dejaría de ser necesario para la renovación de este órgano y el presidente Pedro Sánchez podría asegurarse dicha renovación con la mayoría de la investidura.

Para conocer cómo funciona este órgano y qué implicaciones tiene la reforma, este miércoles ha sido entrevistado en 'Herrera en COPE' Enrique Arnaldo Alcubilla, letrado de las Cortes y exvocal del CGPJ, que ha dicho que el CGPJ es el “órgano de gobierno” de los jueces “independiente” del Poder Legislativo y Ejecutivo. Su naturaleza es “vetar la entrada de los poderes políticos en su ámbito” de actución para que los ciudadanos confíen en “la independencia” de los jueces.

Sus funciones son “los nombramientos” de los jueces, pues algunos son discrecionales, un 2% aproximadamente, como los nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo y de los presidentes de los órganos jurisdiccionales; también le corresponde la potestad jurisdiccional para sancionar a los propios jueces en caso de incumplimiento de sus obligaciones; y la inspección de los juzgados y tribunales para que “funcionen bien”.

Alcubilla ha dicho que ha habido hasta cuatro reformas del CGPJ. La actual, que llega de la mano del Gobierno de Sánchez, sería la quinta. No obstante, cuando Polonia realizó una reforma similar en 2017 a la pretendida por el Ejecutivo, la Comisión aseguró que ese cambio iba "en contradicción con las normas europeas" y comenzó un proceso sancionador contra el país que le amenazaba con suspender su derecho a voto.

En España, las dos asociaciones de jueces mayoritarias, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Francisco de Vitoria, se han mostrado también muy críticas con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial presentada, pues dicen que aleja a España de los parámetros europeos de independencia judicial y la acerca a países como Polonia o Hungría.