Jorge Bustos, jefe de opinión del diario El Mundo y colaborador de Herrera en COPE, se ha pronunciado hoy a cerca de las declaraciones de la Ministra de Justicia, Pilar Llop, sobre la decisión del Tribunal Constitucional en cuanto al estado de alarma de marzo de 2020.

Bustos indica que estamos asistiendo a un intento de invertir las culpas de esta inconstitucionalidad "como si el culpable fuera el árbitro y no el derrotado por sus propios fallos". Añade que la sentencia es un golpe duro para un Gobierno que ya lleva varios. La reacción del Gobierno, lejos de acatar la sentencia, es hacer una campaña de desprestigio contra el Tribunal Constitucional.

El Gobierno está "señalando y presionando a los propios magistrados", y lo hace, desde su punto de vista, con un objetivo. Bustos cree que el gobierno estaría preparando ya la defensa contra un nuevo golpe: la posible inconstitcionalidad del segundo estado de alarma declarado por Sanchez el 25 de octubre de 2020. La constitucionalidad de este, que fue prorrogado por seis meses por el Gobierno, generó aún más dudas que el de marzo. Recordemos que el debate en el Tribunal Constitucional terminó con seis votos a favor de la inconstitucionalidad y cinco en contra. Cabe la posibilidad de que exista un mayor consenso en relación a este, el cual ya fue recurrido por Vox.

El artículo 116 de la Constitución establece que un estado de alarma "será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días". Sin embargo, el Decreto-Ley que regulaba esta decisión del Ejecutivo establecía una duración de seis meses.

Además esta prórroga, señala Bustos, carecía de control parlamentario. Esto es algo que exige tanto la carta magna como la Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio. En este sentido, el artículo seis de esta ley orgánica estipula que "sólo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados".

Bustos afirma que "no puede sorprender ahora que el fallo sea contario". Recuerda que la constitucionalidad de esta medida estuvo ya en el debate público cuando se decretó. Asegura que "en las páginas de los periódicos, en las radios y en las tertulias de la televisión, todo el mundo dijo que era de dudosísima constitucionalidad".

Declara que el en el Gobierno se niegan a aceptar los resultados de sus actos. Aunque la justicia sea lenta, y más aún el Tribunal Constitucional, las sentencias llegan. "Hay que acatar el resultado y no cargar contra el árbitro". Sobre la actuación de la justicia, indica que está ejerciendo una de sus funciones, que es el control a los poderes ejecutivo y legislativo.

Concluye diciendo que el ideal del Gobierno no parece ser una democracia sólida en la que los tres poderes estén plenamente separados y que se controlen entre ellos. Señala que la Ministra de Justicia quiere "un poder ejecutivo que no tenga restricciones". Finaliza su intervención en Herrera en COPE preguntándose: "¿queremos los tres poderes concentrados en Sanchez?"