"A Álvaro García Ortiz le defiende la Abogacía del Estado, es decir, lo pagamos tú y yo"

Son las 6, las 5 en Canarias

Muy buenos días. Estrenamos Herrera en COPE del 30 de julio. Es miércoles. A partir de ahora te acompaña Antonio Herráiz.

Más sobre el terremoto

Un terremoto de magnitud 8,8 en Rusia pone en alerta por tsunami a Asia y América: uno de los peores de la historia

Pendientes de un terremoto que ha sacudido esta noche la costa oriental de Rusia. Ha sido un seísmo muy potente, de magnitud 8,8, al que le han seguido numerosas réplicas. Terremoto de magnitud 8,8 en la costa oriental de Rusia, de los 10 más potentes de la historia, que ha activado la alerta de tsunami a un lado y al otro del Pacífico, desde Japón, Indonesia y Filipinas hasta Hawái. Y también están activos esos avisos por tsunami en la costa oeste de Estados Unidos, prácticamente toda la costa oeste: los estados de Washington y Oregón; en California, por ejemplo, en el estado californiano, han cerrado playas y puertos como el de Huntington Beach y la alcaldesa de Los Ángeles ha avisado a sus vecinos. Durante nuestra madrugada, en Hawái, se han registrado atascos kilométricos de hawaianos huyendo hacia zonas más seguras. Esa alerta llega a México, a Perú, a Ecuador, a Chile, buena parte de la costa oeste sudamericana. Vamos a estar pendientes de la fuerza del tsunami. Están planificadas las horas estimadas en las que puede llegar a esos puntos costeros. Hay que estar atentos a la intensidad con la que llega a esos puntos del Pacífico y también por si hay nuevas réplicas de ese potente terremoto en la costa oriental de Rusia, que es una zona despoblada, pero cuya fuerza ha activado alerta de tsunami en prácticamente todo el Pacífico.

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El Tribunal Supremo confirma el procesamiento del fiscal general del Estado y le sitúa a un paso del banquillo por la presunta filtración sobre el novio de Ayuso

En España, en España el terremoto es en el ámbito de la política y de la justicia. Golpea de lleno a Álvaro García Ortiz. El fiscal general del Estado se va a sentar en el banquillo acusado de filtrar datos privados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz ha evitado hasta el último minuto ir a juicio. Recurrió al Supremo, y la Sala de Apelación lo que ha hecho es ratificar el auto de procesamiento del instructor con un argumento que es determinante: la revelación de detalles privados de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Alberto González Amador, fue una actuación coordinada e impulsada personalmente por el fiscal general del Estado, que había reclamado el correo con los detalles de la investigación a González Amador dos horas antes de su publicación. Es decir, desmonta la estrategia del fiscal general, que decía que todos los periodistas lo tenían o que un amplio grupo de periodistas tenía esa información. ¿Y con qué objetivo lo filtró? Pues para difundirlo.

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Sánchez y su apoyo al fiscal general: la última trinchera para contener los casos familiares

Claro, esta frase lapidaria tumba la estrategia del fiscal general del Gobierno y de sus terminales mediáticas, que han intentado montar un relato exculpatorio. Primero, vendiendo que lo único que hizo el fiscal es tratar de desmontar un bulo, una información falsa sobre la investigación fiscal contra González Amador. Y eso es falso. A nadie se le juzga por perseguir supuestas fake news. Este argumento, recalca el auto del Supremo que ratifica su procesamiento, es irrelevante. Para replicar una supuesta información falsa no era preciso revelar información reservada, porque eso es un delito, y ese paso no justifica la comisión de un delito. Y los magistrados son claros: no se puede revelar un dato confidencial para rebatir un hecho que se considera incierto. El fin no justifica los medios. Y el otro frente de la estrategia del Gobierno es que no había caso, que no había indicios suficientes para procesar al fiscal general del Estado. Pues para no haber caso, hasta 15 jueces diferentes, en distintas instancias, desde el instructor Ángel Hurtado hasta los magistrados de la Sala de Apelación del Supremo, han avalado que debe ir a juicio, que debe sentarse en el banquillo de los acusados. Pero, aun así, no hay que preguntarse hoy si el fiscal general del Estado debe dimitir después de que el Supremo haya ratificado su procesamiento. Es una cuestión tan obvia que sobra plantearla. El encargado de perseguir los delitos va a juicio con una alargada sombra de dudas sobre su comportamiento. El titular de una institución que debe regirse por la ejemplaridad que exige a sus subordinados un comportamiento pulcro, se sienta en el banquillo justo por lo contrario. Pero no, incluso con todo esto, la pregunta con respuesta clara no es si debe dimitir el fiscal general del Estado o si el Gobierno, de forma inmediata, debería destituirle. La pregunta es otra y nos va a ayudar a plantearla Pedro Sánchez.

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"La primera de las muchas minas que rodean al presidente ya ha estallado. ¿Cuál será la siguiente?"

Eso es, presidente. ¿Quién va a pedir perdón a los ciudadanos por dañar la imagen de una institución fundamental en nuestra democracia como es la Fiscalía? ¿Quién va a pedir disculpas a los 2.500 fiscales que hay en España por la conducta de su jefe? Extendiendo una mancha de fango sobre la reputación de toda la carrera fiscal. ¿Y quién va a pedir perdón por la intromisión indisimulada del Gobierno encaminada precisamente a obstruir a la justicia?

Bien dicho. Presidente, entre todas las derivadas de este caso, de la resistencia numantina del fiscal, degradando la institución que dirige y la de toda la carrera fiscal, se dan varias circunstancias. La primera es que a Álvaro García Ortiz le defiende la Abogacía del Estado, es decir, lo pagamos tú y yo. Y la segunda es que en este procedimiento hay fiscales —esto es una obviedad, lo sabemos—, pero no deja de plantearse una paradoja: los que tienen que acusar, o en este caso todo lo contrario, dependen jerárquicamente de su jefe, del fiscal general del Estado. Todos son subordinados que están a su cargo y ya hemos visto el papel que han jugado durante la instrucción: oponiéndose primero a la imputación y después al procesamiento. Entre bomberos, mejor no pisarse la manguera. No vaya a ser que mañana o pasado mañana haya que llamar a la puerta para un ascenso o para un destino diferente. En todo caso, el elemento más chusco de todo esto, que es también determinante para que García Ortiz vaya a juicio, es el borrado de sus correos y del contenido de sus teléfonos. Bueno, esto es una práctica habitual entre delincuentes, una práctica normal entre mafiosos. Bueno, los que graban todo y lo guardan hasta el final, como Koldo, pero no. El fiscal, cuando la Guardia Civil requisó su despacho, se encontró con que había borrado todo ese material. Y no se quedaron ahí: el fiscal sostuvo que la desaparición de esa información, hecha por él mismo, le ha impedido defenderse. Ahora el Supremo le contesta que esto es llamativo y le recuerda que es de común experiencia —es decir, esto lo añado yo, no lo dice el auto del Supremo de la Sala de Apelación—: es de común experiencia, habitual entre alguien que ha cometido un delito, realizar un borrado de datos que puedan resultar desfavorables. Y por si había alguna duda a la pregunta de si va a dimitir el fiscal general, la respuesta la ha dado el propio jefe del Ministerio Público: no, no va a dimitir. Y el Gobierno le respalda. ¡Faltaría más!

No se equivoque, señoría. Este Gobierno, entre fiscales que persiguen a delincuentes y delincuentes... era el presidente ayer, después de despachar con el rey, vino a respaldar todo lo que ha hecho el fiscal general del Estado. Y la pregunta que sobrevuela es: ¿qué necesidad tiene el fiscal general en dilapidar de esta manera el prestigio que le pudiera quedar? Pero todo está viciado de origen. El propio Consejo General del Poder Judicial, en 2023, consideró que su nombramiento no era idóneo. Que se pueda demostrar o no esa supuesta orden por parte del equipo del jefe del Ejecutivo no quita para recordar que el propio Pedro Sánchez nunca ha disimulado tener las manos metidas en la institución. El encargado ahora de perseguir los delitos, juzgado por presuntamente vulnerar los derechos de un ciudadano anónimo solo por el hecho de ser la pareja de la principal enemiga a batir por el Gobierno: Isabel Díaz Ayuso.