Los contagios por coronavirus han aumentado junto con las okupaciones. Muchos delincuentes han decidido entrar en casas que no son suyas y establecerse en ellas bajo el pretexto de ‘derecho a tener una vivienda digna’, al parecer, sin pensar en que ese derecho no pasa por usurpar la vivienda que no es tuya o hacerte pasar por el dueño o por quien la tiene alquilada.

Por desgracia cada día son más las okupaciones, y durante el estado de alarma 40 casas cada día eran okupadas. Mientras tanto, ¿qué pasa con los dueños del inmueble? Pues que si ya han cambiado las cerraduras o han pasado 48 horas desde la entrada de los okupas no pueden hacer nada y empieza una pesadilla de procesos civiles y o penales que puede durar años, mientras los okupas disfrutan sin problemas de los servicios básicos como agua, luz y gas y de la Justicia gratuita.

Pilar Damián es matrona en Reus y ha sufrido esto en pleno confinamiento y así lo ha contado en Fin de Semana con Rosa Rosado: “Esto es una pesadilla para los propietarios y de la que, dos meses y medio más tarde, no he logrado salir, esto puede ser muy largo”.

Pilar relata que, “no hacen falta 48 horas para que el okupa te complique la vida, con que cambien las cerraduras tú ya no puedes entrar en tu casa. Por la Ley pasan a ser los dueños porque la Ley no penaliza esto. ¿Cómo estoy ahora? Enferma física y psíquicamente. Además es increíble que la Policía no pueda actuar ante eso, tienen miedo de enfrentarse a los delincuentes y eso nos debería hacer reflexionar pero es que es así”.

“No me han dado tiempos”, reconoce Pilar, que explica que tienen una vista en septiembre “pero no es ninguna garantía de nada porque parece que la vía penal va a tener pocos resultados. Ojalá se resolviera mucho antes, pero va a ser muy largo” ya que depende los juzgados y éstos están cerca del colapso.

Nuestra protagonista cree que el ‘desalojo exprés’ no sirve de mucho: “No he conocido a nadie que haya tenido la posibilidad de desalojar así. Estaría bien que en dos o tres meses estuvieran fuera, pero todas las experiencias que me están llegando de personas que han pasado por lo mismo siempre son procesos muy largos, y eso desanima muchísimo. Y si encima es una mafia lo complica todo porque son extremadamente resistentes, ya vienen de otras okupaciones y esto les da mucha fuerza. Si tú vas rompiendo la Ley y no te pasa nada te sientes reforzado”.

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Aún peor es que buscan casas con todas las facilidades para poder disfrutar de los servicios básicos: agua, luz y gas y por supuesto los legítimos dueños tienen que ser lo que paguen las facturas: “Mi factura de luz en pleno verano es de 240€, ellos no tienen que controlar nada. El respeto lo pierden, pero el abuso lo tienen totalmente integrado porque la única vía que queda es intentar devolver los recibos a ver si cortan la luz. Si soy yo la que corta la luz o cualquier otro servicio, algo totalmente desaconsejado por Policía y abogados porque te denuncian por coacción y la okupación se complica, y fíjate tú que esa denuncia sí va rápida, y luego las compensaciones son muy caras”.

En el caso de Pilar son cinco okupas, aunque entran y salen sin parar más, sus vecinos la tienen informada y ella ha intentado mediar con ellos pero sin éxito: “Desde el primer momento fueron unos mediadores pero los okupas decían que esa casa les gustaba, estaba bien y no pensaban moverse. Su argumento era que no tenía problemas de dinero pero que no tenía casa, cobra de servicios sociales y tengo entendido que tiene sus otros negocios definidos. Tiene una seguridad absoluta en todo porque la Ley le protege, se lo sabe todo. Si no hay un cambio de la Ley no va a poder controlarse, se está yendo de las manos, se mina la sociedad. Ellos no muestran vulnerabilidad y tienen dinero, coches, móviles buenos, van bien vestidos… es una forma de vida”.

“Con voluntad política esto se puede terminar ya, pero no quieren. Me siento abandonada por las instituciones, he recorrida todas y no hay forma, todo va a parar a la Ley”, explica Pilar. “Lo peor de todo es que te dicen ‘tú sigue trabajando con la misma ilusión de siempre, con tu vida normal’, cuando esto te mina el ánimo, te deja muy fuera del hogar, vivir la vida normal es muy difícil”, explica ella.

“Y luego está en qué condiciones te dejan la casa si la liberas de ellos porque no se puede explicar el caso que esto comporta, una okupación puede arruinar a una persona”, evidencia Pilar, que añade que “cada día vamos creciendo y esto se tendrá que parar de un momento a otro”. “Suplicamos que cambien la Ley, esto debería ser muy fácil y que nos eviten este sufrimiento tan innecesario y que hagamos las cosas bien y podamos ayudar a los vulnerables”, finaliza Pilar.

Mónica tuvo okupas en su casa, volvía de ser cuidada por su madre por una enfermedad y se encontró con okupas dentro de su vivienda: “La sorpresa y el disgusto fue mayúsculo, lo peor es que yo no podía hacer nada porque habían cambiado la cerradura y la Ley les protegía. Fui a la Policía, la Guardia Civil y al juez y me dijeron que solo podía tener paciencia”.

Tras mucho tiempo de litigios, tanto penales como civiles, conoció a alguien que dio un empujón a su caso: “Gracias a esta persona lo mío salió adelante porque los juzgados están desbordados, si no llega a ser por ella podía estar mucho más tiempo con los okupas allí”.

Por supuesto, estos delincuentes hicieron uso de los servicios básicos pero fueron más allá: “Llegaron a plantar marihuana, lo sé porque los vecinos me lo dijeron y hubo varias redadas, pero en ninguna les desalojaron. Era muy incómodo, una situación muy desagradable”.

Mónica lo tiene claro: “Si ocurre esto con tanta frecuencia es por culpa de las leyes, de los políticos que no hacen nada al respecto y de las reformas que llevan a cabo que, al final, protegen más al okupa que al propietario. Y por supuesto luego los gastos de los destrozos los pagas tú, el seguro no se hace cargo de absolutamente nada. Y si te han robado, pues aún peor, en mi caso se llevaron hasta las ventanas para venderlas”.

Miguel Fernández, vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, ha explicado lo que falla en España para que haya tanta okupación: “Las dotaciones que se dan a la ley que se crea para conseguir que haya medios suficientes tanto desde el punto de vista de organismos públicos para que nos presten los medios y poder actuar. Por otra parte, el problema que hay es que la Ley de Desahucio Exprés de 2018, que nació con muy buena intención, nació capada porque se hizo una modificación para la okupación ilegal de viviendas pero solo en el espectro de las personas físicas y viviendas públicas, sin embargo se dejó de dotar actuaciones a empresas privadas, bancos y sociedades de inversión. Entonces los okupas que saben esta parte de la ley actúan sobre todo contra este tipo de viviendas”.

Miguel Fernández explica que “hay una parte importante que son las mafias y saben perfectamente cómo gestionar la okupación y que se encargan de ver qué casas están habitadas y cuáles no, cuáles tienen una ejecución hipotecaria o no y está en poder del banco… se la saben todas, y cuando se actúa y se incorporan a una casa okupada, cuando quiere intervenir la Policía o la Guardia Civil con la normativa que tenemos actualmente, empiezan a enseñar papeles falsos que han bajado de internet y mil triquiñuelas para alargar este proceso para que al juez se le cree la duda y siguen con este proceso durante meses”.

El vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid ha dado algunas ideas para evitar que nos okupen: “Me gustaría que políticamente se dieran cuenta de que debemos hacer una defensa a ultranza de la propiedad privada, tenemos que modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil, dotar a los juzgados de guardia y la Policía de los medios necesarios para poder atajar esta situación e, importantísimo, artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los jueces deberían de reconocer la legitimación del presidente de una comunidad de propietarios para presentarse como acusación particular”.

“Solo pido que nuestra ley, que no es mala, sea aplicable en todo su espectro”, asegura Miguel, “y que se dote a la Policía de contundencia para poder solucionar estos problemas. Si hay endurecimiento de penas habrá reducción de usurpaciones, porque se da a entender que no se quiere atajar el problema”.