Fernando Prieto, Doctor en ecología: “Hay más de 1.000 colegios en zonas de riesgo, algunos de educación especial. Si llega una riada, no hay margen para reaccionar”

La voz de alarma ha sonado con fuerza esta semana. Un demoledor informe del Observatorio de Sostenibilidad advierte de que más de 10.000 instalaciones de servicio público y 4.000 infraestructuras críticas en España se encuentran en zonas potencialmente inundables. La investigación, liderada por el doctor en ecología Fernando Prieto, pone el foco en la vulnerabilidad de centros escolares, hospitales, residencias y otras instalaciones vitales ante el creciente riesgo de riadas.

Miles de infraestructuras vitales en peligro

Los datos desglosados en el estudio son preocupantes. "Hay del orden de más de 1.000 colegios, escuelas, algunas de ellas de educación especial, que están en estas zonas de riesgo", señala Prieto. Esta cifra pone de manifiesto un peligro directo para la población más vulnerable, ya que, como se indica en el informe, "si llega una riada, no hay margen para reaccionar".

A los centros educativos se suman cerca de 350 residencias de ancianos, una realidad que trae a la memoria las imágenes de centros anegados durante la DANA del año pasado. El informe también identifica 180 campings en situación de riesgo, evocando la tragedia de Biescas, y una larga lista de infraestructuras estratégicas como 375 depuradoras, 82 instalaciones radiactivas, 77 plantas químicas, subestaciones eléctricas y hasta 13 aeropuertos.

Hay más de 1.000 colegios en zonas de riesgo, algunos de educación especial"

Fernando Prieto

Doctor en ecología

Un urbanismo que ignora el riesgo

El estudio revela que el problema está extendido por toda la geografía española, aunque con especial incidencia en Cataluña (37%) y Galicia (16%). Según Fernando Prieto, el origen del problema es claro: "Hemos construido muy cerca de los ríos y seguimos haciendo planes urbanísticos que no tienen en cuenta este riesgo de inundación". Esta mala planificación urbanística nos ha llevado a una "elevada peligrosidad".

Este escenario se agrava por los efectos del cambio climático. Los expertos advierten de que los periodos de retorno, como las riadas "cada 500 años", son un concepto cada vez más incierto. "Que pase cada 500 años no quiere decir que no vuelva a pasar hasta dentro de otros 500, sino que puede ser dos años consecutivos", explica el director del observatorio. La DANA del año pasado, que inundó 16.000 hectáreas fuera de las zonas de riesgo conocidas, es un claro ejemplo de que los fenómenos extremos pueden superar todas las previsiones.

Etiquetas y alertas para anticiparse al desastre

Ante este panorama, el Observatorio de Sostenibilidad propone medidas concretas y urgentes. Una de las más innovadoras es la creación de una etiqueta de riesgo de inundación para las edificaciones, similar al certificado energético. La idea es que cualquier ciudadano, al comprar una casa o matricular a su hijo en un colegio, "sepa que está en una zona inundable". Esta medida, según Prieto, podría desincentivar la construcción en áreas peligrosas donde la "presión económica" se impone a la seguridad.

Como las inundaciones van a seguir produciéndose, hagamos lo que hagamos, lo que tenemos que hacer es retirarnos de estas zonas"

Fernando Prieto

Doctor en ecología

Junto a la información transparente, se subraya la necesidad de actuar sobre el terreno. Prieto es tajante: "Como las inundaciones van a seguir produciéndose, hagamos lo que hagamos, lo que tenemos que hacer es retirarnos de estas zonas". Esto implica tanto detener los planes urbanísticos en curso como plantear la reubicación de viviendas e infraestructuras ya existentes. Además, se proponen soluciones basadas en la naturaleza, como ampliar meandros o usar zonas agrarias como llanuras de inundación controlada para "domesticar" la fuerza del agua antes de que llegue a las ciudades.

Finalmente, el informe exige el establecimiento de sistemas de alerta temprana más eficaces, que funcionen "únicamente con criterios técnicos" y no dependan de decisiones políticas. El objetivo es que los avisos a la población sean automáticos y efectivos, siguiendo modelos de prevención que ya funcionan en países como Japón. El observatorio ha comenzado a difundir el informe entre diputados y senadores con la esperanza de que sus conclusiones se traduzcan en "medidas prácticas y concretas" para que una tragedia evitable no vuelva a ocurrir.