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¡Muy buenos días, España! Borrasca, de nombre Gloria. Mucho cuidado si conducís hoy, contad con nieve, viento y oleaje muy alto en varios puntos de la costa. No es el momento de pasear por malecones ni otear paisajes marinos desde la playa.

Y borrasca política también en un país donde la gran paradoja es que, después de la intentona golpista de 2017, el Gobierno está apoyado en los que están en la cárcel por ese episodio. El idilio con el nacionalismo está marcando la legislatura desde el comienzo y el uso espurio de las distintas lenguas españolas sirve como cuña a los que quieren disgregar España. Por eso se manifestaron ayer 20.000 personas en Orihuela, porque incluso en zonas donde el castellano es la lengua materna, el gobierno tripartito de PSOE, Compromís y Podemos ha decidido meter el valenciano obligatoriamente como lengua vehicular.

La gente empieza a reaccionar a una presión que pretende someter ideológicamente a personas que nunca hasta ahora habían tenido problemas ni con el español ni con el valenciano.

Éste es el fondo que se desarrolla políticamente, mientras polémicas como la del pin parental, encrespan a la gente. Se ataca la libertad de los padres para educar a los hijos y se enciende un debate público que además de dividir a la gente y enfrentarla en debates encendidos, tapa la disgregación de los poderes públicos para favorecer el llamado procés y el avance de los nacionalismos. Mañana empieza el juicio contra el mayor Trapero, que alentó la desobediencia del cuerpo de Mossos de Esquadra contra el Estado, y ya se está hablando de si la nueva fiscal general pedirá condena por sedición en lugar de rebelión, como ya ocurrió en el juicio anterior del procés. La nueva fiscal Dolores Delgado viene directamente, por la vía de las puertas giratorias que tanto criticaba Podemos, del anterior Gobierno e hizo campaña hasta las elecciones por el PSOE. ¿Alguien duda de que obedecerá al Pedro Sánchez que la ha nombrado?

Se ha politizado la Fiscalía, pero también el nuevo Ministerio de Justicia, del que se pide que desjudicialice lo que llaman el conflicto político catalán. O sea, que el nuevo ministro, Juan Carlos Campo, tiene como misión contravenir el trabajo de los jueces en la represión del secesionismo. Raro ministerio de Justicia, dedicado a desjudicializar.

Y lo mismo en Exteriores. Se acaban de abrir tres embajadas catalanas en el extranjero, justo cuando el tribunal de Justicia de Cataluña acaba de consolidar el cierre de las que clausuró Borrell. ¿Es serio que se cierren unas y se abran otras a la vez?

Pablo Iglesias ha asumido públicamente el discurso secesionista de descalificar nuestra Justicia, fingiendo que ha sido “humillada” por los tribunales europeos. Ni Luxemburgo ni Estrasburgo han hecho otra cosa que respaldar nuestras decisiones. Otra cosa es el provinciano tribunal de Schleswig-Holstein, que no pinta gran cosa ni en Alemania ni aquí, y al que no están sometidos en absoluto nuestros jueces. No me extraña que haya tenido que protestar el Consejo General del Poder Judicial. Pero las cosas van tan deprisa que la polémica por el nombramiento de Dolores Delgado ha enterrado ya, en apenas una semana, el follón montado por sus declaraciones por el nuevo vicdepresidente.

En el Ministerio del Interior, en fin, Marlaska ha hecho limpia a fondo, cambiando a la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella Gómez, y al director general de la Guardia Civil, Félix Azón. Entra en su lugar la nueva directora, que será la subdelegada del Gobierno en Málaga. Una candidata, María Gámez, de perfil claramente político, sin relación con los sufrimientos que la Benemérita pasó con motivo de la revuelta en Cataluña ni con las encrispadas decisiones que se tomaron entre los mandos de los Mossos de Esquadra.