Este sábado ha entrado en vigor el Real Decreto del Gobierno por el que los bancos comenzarán a asumir el coste del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.

Han sido 23 años en los que las Comunidades Autónomas y el Estado han desviado este impuesto a los clientes y no a las entidades. Un dinero que ha ido a parar a las arcas de las 17 Comunidades Autónomas y que ha servido para financiarlas.