El juez de Badalona que instruye el caso de amaños en sistemas de gestión del tráfico en numerosos municipios ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza, para otro de los detenidos en León, y ha dejado en libertad al resto, pero como investigados.

El juzgado no ha facilitado los datos de este detenido en León, pero fuentes cercanas a la investigación han explicado a Efe que se trataría de un colaborador del empresario leonés José Luis Ulibarri, que se encuentra desde ayer en la prisión de Brians I (Barcelona), y cuyos abogados han presentado un recurso en la Audiencia de Barcelona solicitando su puesta en libertad, según publica Diario de León.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha informado de que los otros cinco detenidos que comparecieron ayer en Badalona, y que residen en León y A Coruña, han quedado en libertad con medidas cautelares, como la retirada del pasaporte y personaciones periódicas ante la autoridad judicial.

Entre ellos se encuentra el portavoz en el Ayuntamiento leonés de San Andrés del Rabanedo, Juan Carlos Fernández (Ciudadanos), y el excoordinador provincial y actual asesor de esta misma formación en la Diputación de León Sadat Maraña.

Los dos fueron suspendidos de militancia tras su detención y la dirección del partido ha exigido a ambos que abandonen la formación o serán expulsados.

Con la toma de declaraciones de anoche, que se prolongó hasta las 3:40 horas de la madrugada, el Juzgado ha completado la toma de declaraciones de las quince personas puestas a disposición judicial entre el martes y el miércoles por la conocida Operación Enredadera.

Del total de quince, el magistrado ha acordado cuatro ingresos en prisión (provisional, comunicada y sin fianza) -dos de ellos son Ulibarri y otro hombre también procedente de León- y libertad provisional con medidas cautelares para los once restantes.

El TSJ de Cataluña apunta que "en el marco de la causa que investiga el juzgado de Instrucción 2 de Badalona, que continúa secreta, se han practicado 55 entradas y registros en diversas comunidades autónomas, 19 requerimientos de información y una cincuentena de detenidos".

La causa está abierta por los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos, tráfico de influencia, revelación de información privilegiada, falsedad documental, cohecho, alteración de precios de concurso público y pertenencia a organización criminal.