Según la Cámara “con independencia del marco legal en el cual ha sido confeccionada, esta tasa va en contra de los principios de justicia, igualdad y equitativa distribución de la carga tributaria”. La nueva tasa supone, según la institución cameral, “la fragmentación del servicio público prestado provocando un sobrecoste inaceptable y la duplicidad de un  servicio obligatorio de recogida en el que tanto el tratamiento como la eliminación de los residuos sólidos debieran estaban incluidos y  ya se pagaba por ello”. Desde este organismo insisten en que en este momento de crisis se elimine o en su caso se congelen todas las figuras tributarias, por lo que entienden que “la puesta en marcha de una nueva tasa en posible desviación de poder va en contra de la actividad económica y de la creación de empleo”. Insisten en que este no es el camino para la reactivación empresarial y la economía local.