Las "okupaciones" ilegales se disparan en Euskadi: qué hacer si te pasa

Euskadi ha registrado en el último año 400 casos de ocupación de viviendas, lo que supone un incremento del 50% respecto al año anterior. En los últimos cuatro años, ese aumento ha alcanzado casi el 100%, siendo el mayor crecimiento entre todas las comunidades autónomas. Esta realidad ha disparado el nivel de preocupación ciudadana y ha tenido un reflejo directo en los despachos de abogados.

"Sí, es real. El alarmismo no es inventado. El número de casos ha aumentado de forma clara en el último año", confirma en COPE Pablo de los Ríos, abogado de R.A.S.L. Abogados en Bilbao, especializado en este tipo de procedimientos. 

No es lo mismo un inquilino moroso que un ‘okupa’  

Uno de los errores más comunes es confundir a los inquilinos morosos con los ocupantes ilegales. Según explica De los Ríos, el inquilino moroso entra con contrato pero deja de pagar, mientras que en la ocupación ilegal, la entrada se produce sin ningún tipo de relación contractual.

"Lo que comúnmente llamamos ocupación se tipifica legalmente como usurpación, porque el término ‘ocupación’ no existe en el Código Penal", aclara. En el caso de los inquilinos morosos, el procedimiento es civil, mientras que en los delitos de usurpación, se debe acudir a la vía penal.  

Actuar rápido es clave  

Si una persona descubre que su vivienda ha sido ocupada mientras estaba de vacaciones o en el hospital, lo más importante es denunciar de forma inmediata. La reciente reforma legal permite iniciar un juicio rápido siempre que el delito pueda considerarse flagrante (es decir, reciente y evidente).

"Hay que actuar en los primeros días, idealmente dentro de los 2 a 5 días tras la ocupación, para que la ley lo considere delito flagrante y se agilicen los trámites", recomienda De los Ríos. También aconseja acudir rápidamente al registro de la propiedad a por una nota simple que acredite la titularidad del inmueble, para facilitar la labor de los agentes.  

¿Allanamiento o usurpación?  

No todos los casos se tratan igual. Si la vivienda es la residencia habitual del propietario, el delito se considera allanamiento de morada, más grave y con penas más elevadas. Si es una vivienda secundaria, vacacional o un local, se considera usurpación.

"El allanamiento protege la intimidad del hogar, mientras que la usurpación protege la propiedad", explica. Esta distinción también implica procedimientos judiciales distintos: el allanamiento puede llegar incluso a tramitarse con jurado.  

Nada de enfrentamientos ni soluciones por cuenta propia  

Intentar echar a los ocupantes por la fuerza, cortar la luz o el agua, o poner silicona en la cerradura puede volverse en contra del propietario. "El propio ocupante podría denunciar por coacciones o amenazas", alerta el abogado.

Por eso, insiste en dejar siempre la actuación en manos de los cuerpos de seguridad: "Tenemos las herramientas legales y los cuerpos policiales cada vez actúan con mayor rapidez y eficacia. Lo importante es saber cómo y cuándo actuar", subraya.  

¿Y si es un familiar o conocido?

Existe un caso intermedio cuando quien ocupa la vivienda es un familiar o conocido al que el propietario dejó entrar voluntariamente y luego no quiere irse. En estos casos, no se considera delito y la única vía posible es la civil, mediante un procedimiento de desahucio por precario. 

rapidez, asesoramiento y legalidad  

Tanto si se trata de una ocupación como de un impago, el consejo principal es actuar con celeridad y buscar apoyo legal cuanto antes.

"Lo que quiere el cliente es recuperar su casa lo antes posible. Y eso solo se consigue si sabemos qué hacer desde el primer momento", concluye Pablo de los Ríos. Por eso recomienda acudir a profesionales como R.A.S.L. Abogados para "tener las cosas claras cuanto antes” facilitando el teléfono de contacto:  944 239 468.