María Luisa, víctima de inquiokupación: "He ganado el juicio para desahuciarla, pero se declaró vulnerable. Además, ha empadronado a varias personas sin mi consentimiento"

La historia de María Luisa Crespo es la crónica de una pesadilla kafkiana que pone de manifiesto las grietas del sistema. Esta propietaria vizcaína heredó un piso de sus padres y, lo que en principio vio como una oportunidad para obtener unos ingresos extra, se ha transformado en un calvario económico y emocional. 

Después de un largo proceso, ganó el juicio para desahuciar a su inquilina por impago, pero una declaración de vulnerabilidad de última hora emitida por el ayuntamiento ha paralizado todo, dejándola en una situación de total indefensión. Atrapada en una maraña burocrática, María Luisa no solo ha dejado de percibir la renta, sino que acumula deudas de la inquilina y sufre un desgaste personal que la ha dejado "física y psíquicamente fatal".

Un alquiler que se convirtió en una trampa

te puede interesar

Pasos a seguir si alguien okupa tu vivienda en Bilbao: mantén la calma, evita la confrontación directa y denuncia ante la Ertzaintza

Todo comenzó hace siete años, cuando María Luisa heredó el piso tras el fallecimiento de su madre. Con la idea de asegurar un pequeño ingreso extra para su familia, mientras sus hijos no necesitaran la vivienda, en 2022 decidió ponerla en alquiler. Para garantizar que todo se hacía correctamente, recurrió a los servicios de una agencia inmobiliaria, firmando un contrato de manera completamente legal con una mujer que, supuestamente, había pasado un filtro de selección. "Lo que en principio vi como una oportunidad se ha acabado convirtiendo en toda una pesadilla", explica en COPE.

Al principio, la relación contractual funcionó con normalidad y la inquilina abonaba las mensualidades. Sin embargo, pronto empezaron las demoras en los pagos, una situación que se agravó hasta que, en octubre de 2023, dejó de pagar por completo. 

Desde entonces, la deuda no ha hecho más que crecer. Ante las reclamaciones, la respuesta siempre ha sido la misma: "Me dice: es que estoy buscando trabajo y cuando pueda ya te pagaré", una promesa que nunca se ha materializado, sumiendo a María Luisa en una espiral de impagos y excusas.

La deuda va mucho más allá del alquiler. La inquilina acumula una deuda de más de 2.000 euros solo en el consumo de agua. A esto se suma el impago de la tasa de basuras.

Esta situación la ha llevado a un bloqueo administrativo total con el consistorio. Recientemente, tuvo un problema con la OTA de su vehículo y no pudo realizar el trámite necesario hasta que no liquidó la deuda de basuras generada por su inquilina. 

Un laberinto judicial con victoria amarga

Sintiéndose impotente, María Luisa decidió emprender el único camino posible: la vía legal. Siguió escrupulosamente todos los pasos, desde el envío de un burofax para reclamar la deuda hasta la contratación de abogados para interponer una demanda. "Yo fui por lo legal", insiste, a pesar de que hoy siente que ese esfuerzo no ha servido de nada. El proceso culminó en un juicio por impago y desahucio en el que la justicia le dio la razón.

Con la sentencia favorable en la mano, el juzgado estableció una fecha para el desahucio: mediados de septiembre de 2024. Para María Luisa y su familia, esa fecha representaba la luz al final del túnel, el momento en que por fin podrían recuperar su vivienda y poner fin a la sangría económica y emocional. Sin embargo, la pesadilla estaba lejos de terminar.

te puede interesar

El PP pone en marcha una furgoneta contra la delincuencia en Vitoria: “El que roba fuera, el que okupa también”

Justo cuando se preparaban para ejecutar el desalojo, recibieron una llamada que lo cambió todo. "Nos llaman para decirnos que se había declarado vulnerable y que se suspendía el desahucio", relata. El ayuntamiento había intervenido para proteger a la inquilina, dejando la sentencia judicial en papel mojado. La frustración de María Luisa es inmensa: "No me ha servido de nada hasta el día de hoy".

El principal problema, según le han informado, es que esta declaración de vulnerabilidad se renueva automáticamente, sin que los servicios sociales comprueben si la situación de la persona ha cambiado o si sigue cumpliendo los requisitos. "Nadie comprueba que sigan existiendo unas condiciones determinadas", denuncia. Esta circunstancia crea un limbo legal que blinda a la inquilina de forma indefinida y deja a la propietaria sin margen de maniobra.

Abusos en la vivienda y un vecindario "martirizado"

La situación se torna aún más grave al descubrir que la inquilina puede empadronar a más gente en la vivienda sin su permiso. Tras consultarlo, María Luisa supo que "el inquilino puede empadronar hasta 10 personas sin el consentimiento del propietario". Este hecho no solo supone una pérdida total de control sobre su propiedad, sino que alimenta sus sospechas de que la inquilina podría estar subarrendando habitaciones.

La ironía es cruel: mientras María Luisa solo acumula gastos, sospecha que la okupa podría estar obteniendo un rédito económico a su costa. "Más lo que le dan con el RGI", añade, refiriéndose a la Renta de Garantía de Ingresos, una ayuda pública que, sumada al estilo de vida que lleva, le hace dudar de la legitimidad de su situación de vulnerabilidad. La propietaria se siente víctima de un posible fraude del que nadie parece hacerse cargo.

El conflicto ha traspasado los muros de la vivienda para afectar a toda la comunidad. Los vecinos están, en palabras de María Luisa, "martirizados". Denuncia que la inquilina organiza fiestas, provoca ruidos constantes e incluso ha protagonizado peleas. El malestar es tal que los vecinos ya han presentado denuncias y tienen la intención de seguir haciéndolo. "No sabe convivir", sentencia la propietaria.

La sospecha de que en el piso vive más gente de la declarada es una constante entre los vecinos, alarmados por el nivel de ruido y el trasiego de personas. "El pobre vecino mío de abajo, está el pobre, vamos... martirizado", cuenta María Luisa.

más allá de lo económico

El coste de esta situación va mucho más allá de lo económico. "Yo física y psíquicamente estoy fatal. Estoy fatal, no levanto cabeza", confiesa María Luisa, visiblemente superada por el estrés y la ansiedad acumulados durante años. El desgaste es inmenso y ha afectado a todos los ámbitos de su vida.

Su situación familiar agrava la angustia. Su marido se quedó en el paro el pasado mes de julio y tienen dos hijos, por lo que los ahorros familiares, que deberían ser un colchón de seguridad, se desvanecen para cubrir los gastos de una casa ocupada.

En su búsqueda de una solución, María Luisa ha llamado a todas las puertas posibles, pero solo ha encontrado silencio y pasividad. Se arrepiente profundamente de haber alquilado el piso. Su único deseo es venderlo y poner fin a esta "pesadilla", pero no puede hacerlo mientras la inquilina siga dentro. Teme incluso una confrontación directa con ella —"Tengo miedo a mí misma... Y no quiero fastidiarlo más"- y se siente completamente atrapada. "Esto no es vida", lamenta.