El Gobierno vasco considera que el autogobierno sufre una "erosión silenciosa, continua y muy perjudicial para los intereses de la sociedad vasca", de lo que ha culpado al "impulso recentralizador del Gobierno español de turno".

Así lo ha expresado la consejera vasca de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, que ha presentado el libro "La erosión silenciosa", que recoge informes jurídicos realizados por varios letrados sobre la limitación de la capacidad competencial de Euskadi y la "erosión" del Estatuto de Gernika por parte del Estado español.

La consejera ha recordado que los conflictos siguen y que a principios de agosto el Gobierno Vasco presentó un conflicto de competencias por la regulación estatal de la administración digital -por la certificación de la firma electrónica- ya que el ejecutivo autónomo entiende que es una competencia propia de la comunidad autónoma.

El libro presentado este viernes suma 700 páginas, una extensión que "da idea del vaciado de las facultades exclusivas de Euskadi mediante diferentes vías de ingeniería jurídica por parte de los poderes del Estado".

Son técnicas jurídicas y políticas diversas "que se han ido produciendo durante muchos años". Una de ellas consiste en la aplicación de títulos competenciales transversales del Estado para legislar sobre materias de competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas".

Ha puesto como ejemplo uno referido a asistencia social, "respecto a la que nuestro Estatuto nos otorga competencias exclusivas".

Fue la regulación de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, sobre las que el Gobierno Vasco aprobó un decreto conforme a su competencia exclusiva en materia de asistencia social. Con posterioridad a ello, el Estado dictó un Real Decreto sobre esta misma cuestión.

El Gobierno vasco reaccionó en defensa de las competencias exclusivas vascas, pero el Tribunal Supremo resolvió la cuestión en 2017 reconociendo que la normativa estatal estaba bien amparada y que ello suponía el desplazamiento de gran parte de la regulación del decreto vasco sobre estas tarjetas de aparcamiento.

Según el informe, otra vía para erosionar las competencias es recurrir a razones excepcionales para la atribución de funciones ejecutivas no reservadas constitucionalmente al Estado.

Además, el Estado también recurre a otra técnica centralizadora basada en utilizar el poder de gasto estatal para influir en políticas públicas de competencia autonómica.

En la práctica, ha concluido la consejera, se vale de estas inyecciones financieras para dirigir la actividad de sectores que se encuentran fuera de su ámbito competencial.

Ante esta situación, la consejera ha resaltado la importancia de la defensa judicial del Gobierno Vasco, que se concreta en dos procedimientos: el recurso de inconstitucionalidad, cuando surgen dudas fundadas de inconstitucionalidad sobre una norma estatal; y el conflicto positivo de competencia (para realizar un requerimiento previo al Estado para que derogue la norma o acto).