Absolución de la enfermera de Kabiezes: las familias tienen una sensación "agridulce" e irán a la vía administrativa "para depurar responsabilidades"

La Audiencia de Bizkaia ha absuelto a la enfermera juzgada por simular la vacunación de menores en el centro de salud de Kabiezes, en Santurtzi, al apreciar la eximente completa de alteración psíquica. Asimismo, le ha impuesto, como medida de seguridad, siete años de tratamiento externo psiquiátrico y de inhabilitación para el ejercicio de profesión o empleo público en profesiones sanitarias, además de establecer una indemnización de 20.000 euros a Osakidetza.

El tribunal ha decidido, asimismo, trasladar una exposición razonada al ministro de Justicia para que valore si procede regular como delito en el Código Penal la conducta de un empleado público que, por razón de su cargo, debe vacunar a menores y que incumple con su obligación, ya que "genera un problema grave de salud pública que no se encuentra tipificado".

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El abogado de las familias, Aitzol Asla, ha reconocido en COPE Bilbao que las familias tienen una sensación "agridulce" ante esta sentencia, y ha anunciado que irán a la vía administrativa "para depurar responsabilidades"

"El tribunal ha reconocido como hechos probados las denuncias de las familias, confirmando que la enfermera omitió la vacunación de numerosos menores", ha destacado Alsa. Este reconocimiento "supone una victoria para las familias, que lograron visibilizar y detener esta grave irregularidad". Sin embargo, lamentan que se establezca que la conducta de la enfermera estuvo influida por un trastorno psicológico, lo que las familias cuestionan, argumentando que las acciones de ocultar las vacunas requerían una planificación incompatible con dicho diagnóstico. 

"Entendíamos que eso no es compatible con un trastorno de ese tipo, pero los médicos han deliberado que sí lo es", ha afirmado el abogado. Las familias valoran que la sentencia recoja la veracidad de sus denuncias y destaque la existencia de un vacío legal en el Código Penal respecto al delito de no vacunar a menores, un aspecto que el tribunal ha trasladado al Ministerio de Justicia para su evaluación y posible regulación.

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Las familias también han anunciado que iniciarán acciones civiles contra Osakidetza para exigir responsabilidades adicionales, ya que consideran que hubo fallos en la supervisión de la enfermera, quien estaba bajo tratamiento psiquiátrico durante el periodo de los hechos. "Vamos a ser muy exigentes con lo que Osakidetza nos tiene que explicar", ha destacado Asla, que ha subrayado la falta de claridad sobre quién tomó decisiones clave en el proceso de supervisión.

Respecto a que el tribunal haya decidido trasladar una exposición razonada al ministro de Justicia para que valore si procede regular como delito en el Código Penal la conducta de un empleado público que, por razón de su cargo, debe vacunar a menores y que incumple con su obligación, las familias planean reunirse con partidos políticos y grupos parlamentarios para impulsar este debate y garantizar que casos similares no se repitan.