El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha negado este miércoles haber dicho a Miguel Ángel Revilla que tiene previsto cerrar perimetralmente Euskadi a partir del 9 de mayo, como ayer aseguró el presidente de Cantabria.

En un comunicado, el lehendakari afirma no haber mantenido "conversación alguna con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, sobre las medidas que pueda contemplar el decreto que está preparando el Gobierno Vasco de cara al 10 de mayo".

Los magistrados del Supremo tendrán que decidir en dos semanas la legalidad de las nuevas restricciones

Con el nuevo escenario tras decaer el estado de alarma los magistrados de la sala tercera del Tribunal Supremo tendrán que resolver cualquier recurso en unas dos semanas

05 may 2021 - 10:11

Urkullu se ha puesto en contacto con Revilla tras sus palabras y le ha manifestado su "sorpresa por la información publicada". La noticia surgió ayer a preguntas de los periodistas sobre la movilidad entre Euskadi y Cantabria cuando este domingo decaiga el estado de alarma.

Revilla dijo que Cantabria quedará "desconfinada" pero añadió que Urkullu le había enviado "un comunicado" informándole de que el Gobierno Vasco va a mantener el cierre perimetral de la comunidad autónoma. Según añadió el presidente cántabro, el lehendakari también le advirtió del "peligro" que pudiera darse si se abren sendas comunidades "dada la relación de personas que diariamente hay entre Euskadi y Cantabria".

Los servicios jurídicos de las comunidades autónomas apuran los últimos días antes del fin del estado de alarma trabajando a destajo para concretar las medidas que aplicarán a partir del domingo para contener la transmisión del coronavirus sin tropezar de nuevo con los tribunales.

La mayoría las detallará a lo largo de esta semana, aunque algunas ya han avanzado que relajarán las restricciones impuestas para la hostelería y que levantarán cierres perimetrales y toques de queda; otras estudian precisamente cómo mantenerlas sin chocar con los tribunales superiores de justicia, como ha venido ocurriendo cuando el estado de alarma no estaba vigente.

No obstante, la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo, en virtud del decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros, con el que el Gobierno busca dar seguridad jurídica, evitar disparidades entre territorios y tranquilizar a los ejecutivos autonómicos que han venido lamentando la indefensión en la que quedaban a partir del 9 de mayo.