El Gobierno de Pedro Sánchez sustituye el estado de alarma que decae el domingo por el paraguas que ofrecerá el Tribunal Supremo ante las medidas y las restricciones que tengan que adoptar las CCAA si empeoran los datos de la pandemia.

Si los tribunales superiores de justicia autonómicos tumban las medidas de los gobiernos regionales, éstos tienen la posibilidad de recurrir al Tribunal Supremo que sentará doctrina. El Consejo de Ministros ha aprobado así un decreto que permitirá a los gobiernos autonómicos acudir al Tribunal Supremo para que se pronuncie sobre los recursos judiciales en torno a las restricciones de movilidad que se puedan interponer cuando expire el estado de alarma el 9 de mayo, por presunta vulneración de derechos fundamentales.

Con este nuevo escenario los magistrados de la sala tercera del Tribunal Supremo tendrán que resolver cualquier recurso en unas dos semanas. El decreto se ha publicado este miércoles en el BOE. Así que el Tribunal Supremo se verá obligado a decidir este mismo mes de mayo o a principios de junio si es legal o no que las comunidades autónomas restrinjan derechos fundamentales de los ciudadanos y que lo hagan sin el amparo de un estado de alarma.

Así será el día después al estado de alarma en cada comunidad autónoma

El decreto aprobado también extenderá algunas medidas de carácter social más allá del estado de alarma que acaba el próximo domingo, entre ellas la moratoria del alquiler y la suspensión de los desahucios para colectivos vulnerables. Fuente del Gobierno han señalado que con el nuevo decreto ley los gobiernos autonómicos podrán recurrir al Supremo si el tribunal superior de justicia de su comunidad anula alguna de las restricciones que impongan para frenar el coronavirus tras el fin del estado de alarma. Con esta medida el Ejecutivo intenta evitar disparidad de criterios jurídicos entre territorios ya que habilita a los gobiernos autonómicos a presentar un recurso de casación ante el Supremo, que podría sentar jurisprudencia. Con el fin del estado de alarma, las medidas que impliquen limitar derechos necesitan de aval judicial.