El campo menorquín se une para defender la nueva Ley Agraria frente a las críticas

Las principales organizaciones profesionales agrarias (OPAs) y cooperativas de las Islas Baleares han presentado un frente común en defensa del anteproyecto de la nueva Ley Agraria. En un manifiesto conjunto, entidades como FAGME, Unió de Pagesos de Menorca y AGRAME, han calificado la ley como “una herramienta necesaria” y aseguran que la gran mayoría de las propuestas planteadas por el propio sector ya están recogidas en el texto.

Luis Nadal, presidente de AGRAME, ha explicado que se trata de una ley “que se ajusta a la realidad del campo, que es muy diferente de lo que se vive fuera”. El objetivo, según las organizaciones firmantes, es lograr un texto consensuado que fortalezca al sector agrario, ganadero y forestal, garantizando su supervivencia “en buenas condiciones de futuro” y adaptado a las nuevas y difíciles circunstancias económicas.

Una ley para la supervivencia

La necesidad de un nuevo marco legal responde a una crisis profunda, marcada por la falta de rentabilidad y el progresivo abandono de la actividad. Nadal ha alertado sobre esta tendencia en Menorca: “De la totalidad de su superficie cultivada, yo diría que se ha perdido al menos un 30%, 40% o incluso un 50% de lo que se sembraba hace 40 o 50 años”. Esta situación, ha añadido, se debe a un “abandono generalizado por falta de rentabilidad económica”.

Es una ley que se ajusta a la realidad del campo”

Luis Nadal 

Presidente AGRAME

El anteproyecto es visto como una oportunidad para revertir este declive. El manifiesto destaca que la futura norma está “en total sintonía con la nueva PAC (Política Agraria Comuna)” y ayudará a las explotaciones en dificultades a ser más viables. Además, busca definir, impulsar y proteger a la pequeña explotación familiar o tradicional y a las explotaciones asociativas cooperativas, reconociendo el impacto social, económico y ambiental de un sector que gestiona más del 80% del territorio insular.

Rechazo a la 'turistificación' del campo

Frente a las críticas de partidos como Més per Menorca, que acusan a la ley de ser una “turistificación disfrazada”, el sector se defiende con contundencia. “No todo el que habla del campo vive de esto”, ha sentenciado Luis Nadal, cuestionando que se opine sin conocer los problemas reales de la payesía. Según el presidente de AGRAME, las actividades complementarias son un apoyo necesario para la supervivencia, no el objetivo final.

No todo el que habla del campo vive de esto”

Luis Nadal 

Presidente AGRAME

El manifiesto conjunto es aún más explícito en este punto. Las organizaciones agrarias afirman que “no consideran adecuado que otros sectores de fuera del mundo del campo quieran marcar cuál ha de ser el futuro de los agricultores y ganaderos”. Critican, además, a quienes “durante años se han aprovechado directamente de los beneficios sociales, ambientales y paisajísticos” generados por el sector primario sin haber contribuido a su viabilidad.

Ejes de la nueva regulación

Uno de los avances más celebrados por el sector es la simplificación administrativa. Nadal ha calificado de “absurda” la burocracia actual. La ley, según el manifiesto, debe eliminar trabas innecesarias como la Declaración de Interés General para determinadas actuaciones y facilitar la relación de los payeses con la administración. Otro punto clave es la defensa de los usos agrarios, que la ley debe volver a determinar como “usos admitidos” en el suelo rústico, priorizándolos frente a otros usos impropios.

En este sentido, Nadal ha calificado de “lamentable” la proliferación de placas solares en suelo productivo, lo que supone “una reducción del aprovechamiento agropecuario”. Si bien apoya las energías renovables, pide que se busquen alternativas que no comprometan la superficie agraria. La ley también contempla la implementación de renovables para autoconsumo o como fuente de ingresos complementarios en las explotaciones.

El texto también impulsa la transformación y comercialización de la producción agraria, el fomento del cooperativismo y las SAT's (Sociedades Agrarias de Transformación), y la regulación de actividades complementarias para asegurar la viabilidad de las explotaciones. Entre las medidas propuestas se incluye permitir soluciones de alojamiento temporal para trabajadores en las propias fincas, una demanda histórica para facilitar las campañas agrícolas.

Finalmente, el sector agrario balear pide que la ley obligue a las administraciones a consignar en sus presupuestos las dotaciones suficientes para cofinanciar la PAC y otras políticas de apoyo. En palabras de Luis Nadal, el campo necesita “un reconocimiento en todos los sentidos” para que la gente sea consciente de que, sin soluciones reales, la desaparición de la actividad agraria sería “lamentable”.