Esta es la sanción a la que te enfrentas por empadronamientos fraudulentos

La Policía Nacional en Maó ha llevado a cabo una serie de inspecciones en varios domicilios y ha sancionado a siete propietarios con multas que van desde los 4.000 euros hasta los 21.000, encontrándose de manera irregular inscritos en el padrón en dichas viviendas un total de 55 personas, de los 114 empadronamientos que figuran en dichas viviendas.

Y es que se considera falta grave el acto de "consentir la inscripción de un extranjero en el Padrón Municipal, por parte del titular de una vivienda habilitada para tal fin, cuando dicha vivienda no constituya el domicilio real del extranjero". La sanción es aplicable por cada persona que haya sido inscrita indebidamente.

Tras todo ello, los agentes de policía continúan llevando a cabo inspecciones en otros domicilios, con el objetivo de detectar y sancionar este tipo de infracciones, que son consideradas una falta grave o muy grave según la legislación vigente.

 Aprovechamiento de la vulnerabilidad  

En este sentido, algunos propietarios de pisos o titulares de contratos de alquiler han sido identificados por aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de las personas extranjeras para obtener un beneficio económico ilícito, empadronándolas en sus domicilios sin que estas residan realmente en ellos. En uno de los casos inspeccionados, se ha procedido a la sanción de su titular por obtener lucro mediante este tipo de prácticas fraudulentas.

Una de las personas que estuvo empadronada en dicho domicilio manifestó que pagó una cantidad de dinero para que se le empadronase, sin llegar nunca a residir en ese lugar. Esta práctica no solo va en contra de la ley, sino que también vulnera los derechos de los propios inmigrantes.

 Consecuencias legales y económicas  

La Policía Nacional recuerda que consentir la inscripción de un extranjero en el Padrón Municipal, en circunstancias en las que la vivienda no constituya su domicilio real, constituye una infracción muy grave a la Ley de Extranjería, con consecuencias legales y económicas severas.

Las sanciones pueden alcanzar montos que varían entre los 10.001 y los 100.000 euros en los casos de infracciones muy graves, y de 501 a 10.000 euros en los casos de infracciones graves.