"Martí March nunca tuvo intención de incorporar en la ley educativa el castellano como lengua de enseñanza", así de tajante se muestra la Plataforma de profesores"PLIS. Educación, por favor" tras conocer que la Ley de Educación de Baleares, que se aprueba hoy en el Parlament no reconocerá el castellano como lengua vehicular.

Un acuerdo de última hora de los partidos de izquierda deja sin validez el pacto que había cerrado el PP con el conseller de Educación, Martí March (PSOE), por el que se incluía un apartado que daba a las lenguas oficiales de Baleares, el catalán y el castellano, el tratamiento de lengua vertebradora en la enseñanza. Finalmente, el PSOE ha cedido a la presión de sus socios y las entidades y sindicatos procatalán .

Los profesores de PLIS lamentan que "el nacionalismo y el independentismo" hayan "mostrado sus uñas" y que el conseller balear de Educación, Martí March, "un político sin carácter, haya dado un paso atrás de inmediato".

Señala el profesor y miembro de PLIS, Julián Ruiz-Bravo que su oferta de incorporar el castellano como vehicular, sin fijar porcentaje, "fue solo una estratagema para conseguir la abstención de la oposición y pasar mejor el filtro de constitucionalidad".

Para esta entidad, "es deprimente comprobar que, para el gobierno actual, como para ese conjunto de asociaciones y sindicatos pro inmersión, el término castellano, o español, se ha convertido en palabra maldita, tabú. Para todos ellos, no solo dar algunas clases en castellano, sino el mero hecho de "nombrarlo", es atacar el catalán. La intolerancia y fanatismo desconocen el sentido común, lamenta PLIS

PLIS acusa a Martí March de intentar engañar durante meses a la oposición, "especialmente al PP, al pedirle la abstención a cambio de un redactado genérico en el que el castellano apareciera como lengua de enseñanza, sin ningún compromiso de llevarlo a cabo".

"Finalmente, todo se ha desvelado. Ha bastado con una amenaza de fanáticos de volver a convocar las camisetas verdes para que Martí March, temeroso y atemorizado, haya quedado al desnudo y se le haya caído su careta de negociador".

"Una ley autonómica no cambia la jurisprudencia", afirma PLIS

Sin embargo, PLIS advierte de que, aunque desaparezca la mención al castellano, este sigue siendo obligatoriamente vehicular, pues una ley autonómica es de rango inferior a la jurisprudencia y doctrina del Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional, que imponen la obligación de impartir en español al menos el 25 por ciento del horario lectivo.

Recuerda esta entidad que "los directores deben saber que su obligación sigue siendo, por mucho que la ley balear esconda el término "castellano", incorporar a los proyectos lingüísticos de sus centros el español como lengua de aprendizaje". Advierte que "si no lo hacen, incumplirán el ordenamiento jurídico, por lo que sufrirán las consecuencias administrativas e, incluso, penales por su infracción".