Presentan una querella contra Armengol por mentir al decir que no conocía a Aldama

La controversia en torno a la gestión de los contratos de mascarillas durante la pandemia ha escalado un nuevo peldaño, con la asociación Hazte Oír presentando una querella ante el Tribunal Supremo contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. 

La querella, dirigida a la Sala Penal del alto tribunal dada la condición de aforada de Armengol, la acusa de un presunto delito de falso testimonio ante comisión parlamentaria, una acusación contra la tercera autoridad del país que podría tener importantes repercusiones políticas y judiciales.

Durante su comparecencia en junio de 2024 en la comisión de investigación sobre esta trama en la Cámara Alta, Armengol reiteró en varias ocasiones que no conoce a Víctor de Aldama.

Con todo, y según recoge el artículo 502.3 del Código Penal, quienes estén convocados ante una comisión parlamentaria de investigación y falten a la verdad en su testimonio pueden ser castigados con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.

declaración en el senado

La base de esta acción legal reside en las declaraciones de Armengol ante el Senado, donde en dos ocasiones negó rotundamente conocer al empresario Víctor de Aldama, considerado por la Guardia Civil como el "nexo corruptor" de la trama de las mascarillas. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado este viernes cuando fuentes cercanas a la propia expresidenta del Govern balear admitieron que, contrariamente a sus afirmaciones previas, Armengol sí se había reunido con Aldama. Según estas fuentes, el encuentro tuvo lugar en el Consolat, sede del gobierno balear, y se enmarcaba dentro de una delegación de Globalia, la empresa turística, que estaba encabezada por su propietario, Juan José Hidalgo.

La abogada de la Asociación, Nouna Lozano, en declaraciones a IB3 ha afirmado "hemos decidido dar un paso al frente y presentar una querella en nombre de España, que es lo que la gente reclama".

aumenta la presión sobre la tercera autoridad del país

Para Hazte Oír, esta admisión posterior por parte del entorno de Armengol, sumada a la publicación de mensajes de WhatsApp que la propia Guardia Civil ha calificado de comunicaciones entre Armengol y Aldama, constituyen pruebas irrefutables de que la presidenta del Congreso sí tenía conocimiento previo y una relación con el empresario. La asociación subraya que el tono empleado en los mensajes de WhatsApp entre ambos, tal como han sido revelados, hace "evidente" que existía un conocimiento mutuo que contradice las negaciones de Armengol bajo juramento ante la cámara alta.

Esta nueva querella se suma a un cúmulo de informaciones y sospechas que han rodeado a Francina Armengol en los últimos días, intensificando la presión sobre su figura. Las noticias de ayer ya ponían el foco en la gestión de los contratos de material sanitario durante su etapa como presidenta de las Islas Baleares, pero también de otros negocios según reveló Aldama en Horizonte y ahora, la acusación de falso testimonio eleva el nivel de escrutinio sobre sus actuaciones.

aforada

La condición de aforada de Armengol implica que cualquier proceso judicial en su contra debe ser tramitado directamente por el Tribunal Supremo, lo que le otorga una dimensión adicional al caso. La Sala Penal del Supremo tendrá que determinar ahora si admite a trámite la querella de Hazte Oír y, en caso afirmativo, si considera que existen indicios suficientes para abrir una investigación formal por un delito tan grave como el de falso testimonio.

Este desarrollo promete avivar aún más el debate político y mediático en torno al "caso mascarillas", que ha salpicado a diversas figuras públicas y ha puesto en tela de juicio la transparencia en la gestión de fondos durante la crisis sanitaria. 

La admisión de un encuentro con Aldama, después de negarlo en sede parlamentaria, coloca a Armengol en una situación delicada, y la querella de Hazte Oír podría ser el detonante de un proceso judicial que, de prosperar, tendría consecuencias significativas para la tercera autoridad del Estado.