Javier Bonet, sobre el desalojo de la antigua prisión de Palma: "Pretendemos que nadie muera incendiado, calcinado o asfixiado"

El regidor de Coordinación Municipal del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, ha asegurado que la prioridad del consistorio es la seguridad de las casi 200 personas que viven en la antigua prisión de Palma, se calcula que el 60% son personas  en situación irregular.

Tras los cuatro incendios del pasado fin de semana, ha afirmado que "lo único que nos preocupa es que ninguna de las personas que viven aquí puedan morir calcinadas" y ha insistido en que lo que pretenden es "que nadie muera incendiado, calcinado o asfixiado".

Que nadie muera incendiado, calcinado o asfixiado"

Javier Bonet

Concejal de Coordinación Municipal del Ayuntamiento de Palma

Petición de auxilio institucional

Ante esta situación crítica, que "ha ido degenerando en los últimos años", Bonet ha explicado que están "pidiendo auxilio a todas las administraciones". El consistorio ha contactado ya con el Obispado de Mallorca y prevé hacerlo con el Ejército, insistiendo en que "necesitamos tener una acción conjunta para resolverlo", ya que lo considera un "problema de ciudad" y un "problema de país".

Necesitamos tener una acción conjunta para resolverlo"

Javier Bonet

Concejal de Coordinación Municipal del Ayuntamiento de Palma

Pasos legales y plazos

El Ayuntamiento está elaborando un censo durante dos días que se elevará el viernes a la Junta de Gobierno. Después, una Junta de Seguridad con Guardia Civil y Policía Nacional definirá la ejecución. Bonet ha recordado que la legalidad obliga a cumplir plazos: los notificados tendrán cinco días para alegar y, tras ser citados, cuatro días para desalojar voluntariamente antes de recurrir a la vía judicial.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, la regidora de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, ha acusado al alcalde de Palma de utilizar el "método Albiol" y de "dejar en la calle a gente que ya está viviendo en condiciones que nadie desearía". Muñoz ha criticado que las alternativas ofrecidas no son una solución real y que no se está informando a las personas en situación administrativa irregular.