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La Audiencia Nacional condena a 8 años de prisión al expresidente de Pescanova

Además de Manuel Fernández de Sousa-Faro, también han sido condenados a penas de prisión de entre 6 meses y 3 años y medio de cárcel otros 11 miembros de la excúpula de la empresa.

Audiencia Nacional

Madrid

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 11:31

Condenado a 8 años de prisión el expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa-Faro. Así lo ha dictaminado este martes la Audiencia Nacional. También han sido condenados otros 11 miembros de la excúpula a penas de prisión que van de los 6 meses hasta los 3 años y medio de cárcel. Había sido acusado de prácticas irregulares para obtener financiación bancaria para la empresa, Pescanova, y por manipular las cuentas de la entidad para poder captar inversores que acabaron perdiendo su dinero.

Condenados y absueltos por la Audiencia Nacional.

Los magistrados de la Sección Cuarta de lo Penal absuelven a siete de los 19 acusados e impone al resto penas inferiores a las solicitadas por las acusaciones, al entender que los delitos de falsedad en documento mercantil, estafa, falseamiento de cuentas anuales y falseamiento de información económica y financiera se cometieron en concurso medial y no pueden ser penados de manera independiente.

Además de las personas físicas, la Audiencia Nacional ha condenado, entre otras, a las personas jurídicas Pescanova SA y a BDO Auditores a penas de multa y a satisfacer diferentes cantidades en concepto de responsabilidad civil que, en algunos casos, llegan a más de 51 millones de euros por las cantidades que acabaron perdiendo algunos de los inversores.

Prácticas irregulares desde la dirección de Pescanova.

La sentencia consta de 610 páginas y en ella se relata una serie de prácticas irregulares llevadas a cabo desde la dirección de Pescanova. En aquel momento en el que se comentieron los delitos ahora juzgados se encontraba al frente de la empresa como presidente ejecutivo y presidente del Consejo de Administración, Manuel Fernández de Sousa- Faro. Además, contaba con la colaboración de Alfredo Pérez Uros, en el departamento de administración; Antonio Taboas, en el departamento financiero y determinados empleados de confianza como José Manuel Gil González o Ángel González Domínguez.

Los hechos, probados de la sentencia relatan cómo, a consecuencia de la crisis financiera que empezó a detectarse en 2008, el presidente de la entidad, con el objeto de poder seguir disfrutando de la financiación bancaria de la que dependía Pescanova por el esfuerzo inversor ejercido en los años anteriores, planeó, junto con un grupo de personas de su confianza , entre los que se encontraban los responsables de los departamentos administrativos y financiero, seguir obteniendo financiación a través de una serie de mecanismos o prácticas irregulares de financiación con objeto de seguir obteniendo financiación bancaria.

Una vez obtenida esa financiación se llevaron a cabo otra serie de manipulaciones en las cuentas anuales u otros documentos oficiales que reflejaban la situación financiera de la empresa “para conseguir unos resultados positivos que no se correspondían con la situación real y, que, tras ser oficialmente publicados, permitían captar nuevos inversores y desplazar a la financiación bancaria y sus excesivas comisiones”.

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