El presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, asegura que el ERE o el ERTE que pretende aplicar la multinacional, y que podría dejar en la calle a más de medio millar de trabajadores de la planta de aluminio primario, es a todas luces “ilegal”, porque la compañía se negó a vender la fábrica incluso al propio Gobierno de España.

Antes de las dos reuniones en las que participará hoy con los representantes de Alcoa, Zan ha indicado que la postura de la empresa en relación con la posibilidad de que fuese el propio Gobierno el que adquiriese la fábrica a través de la SEPI es “la gota que colma el vaso”.

“No es que exista mala fe, es que existe una premeditación absoluta por parte de Alcoa para cerrar la planta”, ha defendido Zan, porque “el Gobierno dice que intentó comprar la fábrica pero la multinacional no se la quiso vender”.

En ese sentido, ha recordado que “esa fábrica y otras muchas le fueron regaladas a Alcoa” en su momento, y que “la propia SEPI, su presidente, reconoció que la venta había sido un negocio ruinoso” para el país.

“Ahora resulta que no se la quiere vender ni al propio Gobierno. Esto ya no es doblegar a un Gobierno, es faltarle al respeto a toda la democracia en España”, ha subrayado Zan, quien insta a la vicepresidenta Teresa Ribera y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a “tomar la decisión” de intervenir ya la planta.

También le ha reclamado a la Administración que realice las gestiones necesarias para declarar “ilegal” el ERE, porque en este caso ha quedado claro que existen otras opciones al despido colectivo de 534 trabajadores en la planta de aluminio primario y a la pérdida del empleo en la industria auxiliar.

“Tienen que tomar una decisión y aclarar si en democracia mandan los ciudadanos o mandan las multinacionales”, ha ahondado, para acto seguido volver a preguntarse “si las multinacionales pueden doblegar a la propia democracia”, porque “socialmente nadie puede entender lo que está sucediendo”.

"Demandas poco razonables" de Liberty House

Alcoa ha emitido un comunicado en el que informa de que ha sido “imposible" llegar a un acuerdo para vender la planta de aluminio primario de San Cibrao a la multinacional interesada en comprar el complejo industrial, como consecuencia de las “demandas poco razonables de GFG Alliance”, el potencial adquisidor de la misma.

Desde su punto de vista, Alcoa, como consta en la nota remitida a la prensa, ha negociado “de buena fe a lo largo del proceso” y ha hecho una "oferta equilibrada" para ambas partes, con “varias concesiones para llegar a un acuerdo”, mientras que GFG “no ha negociado dentro del plazo que se comprometió a cumplir, se ha negado a proporcionar ningún tipo de financiación para apoyar el futuro de la planta y ha insistido en términos comerciales poco razonables”

En cuanto a esas demandas “poco razonables”, cita Alcoa el interés de GFG Alliance por la venta futura de la refinería de alúmina, que forma parte del complejo industrial de San Cibrao, lo cual, alega, está fuera del alcance del acuerdo alcanzado con los representantes de los trabajadores el 13 de agosto, dado que solo se planteó la venta de la planta de aluminio primario exclusivamente.

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Según la multinacional americana, la planta de San Cibrao se encuentra en una situación insostenible, debido en gran parte, aduce la propietaria, a la falta de un marco energético competitivo en costes y certidumbre para la producción de aluminio, de modo que ha acumulado pérdidas que suman más de 110 millones de euros en los dos últimos años -2018 y 2019-.

De hecho, Alcoa afirma que la planta está perdiendo en estos momentos “aproximadamente un millón de euros por semana”.

Alcoa reconoce que el Gobierno también hizo propuestas en los últimos días a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), pero sus propuestas, puntualizan, "también incluyen una serie de cuestiones que impiden llegar a un acuerdo en condiciones comerciales razonables; entre ellas, aunque no exclusivamente, la solicitud de derechos preferenciales sobre la refinería”.

La compañía subraya que “no se puede exigir a Alcoa que aporte más recursos y financiación de los que ya se ha comprometido a realizar en cantidades importantes en este proceso de venta, ni que acepte condiciones fuera de mercado, ni peticiones fuera del ámbito del acuerdo con los representantes de los trabajadores”.

En todo caso, asegura que “consciente del impacto humano y social de este proceso, Alcoa ha dado prioridad al diálogo y ha hecho grandes esfuerzos en los últimos cuatro meses para llegar al mejor acuerdo con los representantes de los trabajadores en relación con la situación insostenible de la planta” de San Cibrao.

De hecho, esta firma observa que tal y como lo solicitó el comité de empresa, Alcoa ha continuado operando la planta de aluminio durante el proceso de venta, a pesar de seguir incurriendo en importantes pérdidas operativas”, que aceptó asumir “durante el período de negociación de seis semanas”.

Asimismo, Alcoa afirma que “mantiene su compromiso de trabajar para encontrar la mejor solución para los empleados” y, para ello, prosigue el escrito, se reúne hoy con los representantes de los trabajadores con el tema único de un plan social para un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o, a falta de acuerdo sobre un ERTE, la aplicación de un despido colectivo permanente.