La Organización de Productores Pesqueros (OPP) de Lugo ha presentado una reclamación por vía administrativa ante tres ministerios de la Administración General del Estado por responsabilidad patrimonial ante la prohibición a la comercialización del marrajo dientuso capturado durante 2020.

Las causas principales de esta reclamación están basadas en cuatro cuestiones:

1. La contradicción y descoordinación entre los tres ministerios que son parte de la misma personalidad jurídica (Administración Central) ha sido continua a lo largo de todo el año.

2. No existió desde la administración ninguna resolución ni comunicación de cierre ni de limitación de las capturas, dirigida al sector pesquero.

3. Las capturas son completamente legales al estar cumpliendo las directrices pesqueras gestionadas por la ORP (Organización Regional de Pesca) ICCAT, que es la responsable en la gestión y conservación de esta especie en el Atlántico para todos los Estados miembros (o partes contratantes).

4. No tiene sentido, aunque se pretenda usar como argumento la sostenibilidad de la especie, el veto o la prohibición de comercializar el marrajo capturado de forma legal, ya que lo único que consigue es un perjuicio a las empresas, cuando el marrajo ya está procesado.

La reclamación económica se basa en el valor estimado de la venta no producida -se usa el precio medio anual- más el coste del frío de almacenamiento en cámaras. Además, queda pendiente de valorar el lucro cesante y los gastos financieros provocados.

El importe de la reclamación presentada por la OPP Lugo en nombre de cinco de sus empresas asociadas está en torno a 205.000 euros. Entre las cantidades retenidas se encuentran 21.589 kilogramos capturados con observador científico a bordo, cuestión importante a tener en cuenta ya que de acuerdo con la Recomendación 17-08 de ICCAT y los permisos de pesca del MAPA para 2020, "podrán retenerse los ejemplares de esta especie que lleguen muertos al costado del buque siempre que se lleve observador a bordo".

Esta situación económica y de perjuicio para las empresas todavía puede empeorar, y aunque según pasan los meses el producto deja de tener valor comercial, lo que más preocupa a las empresas es que además tengan que hacerse cargo de la destrucción de las cantidades almacenadas, lo que agravará considerablemente estos costes.

En definitiva, todas estas circunstancias obligan a la flota asociada a solicitar nuevamente el desbloqueo de la comercialización de este marrajo ya capturado, desembarcado y almacenado, concediendo la autorización correspondiente. Y en caso de denegación de este permiso, y ante los daños causados, la OPP Lugo tramita la presente reclamación por responsabilidad patrimonial de la administración.