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El PP pide una comisión de investigación por la indemnización de 2,4M que pagará el Ayuntamiento

Los populares y C's critican la "nefasta gestión" del gobierno local con respecto a la Fábrica da Luz

El PP pide una comisión de investigación por la indemnización de 2,4M que pagará el Ayuntamiento
Ramudo

Lugo

Tiempo de lectura: 1'Actualizado 13:06

El Partido Popular solicitará por “vía de urgencia” en el pleno del próximo jueves la creación de una comisión de investigación para aclarar las circunstancias que llevarán al Ayuntamiento de Lugo a pagarle una indemnización de 2,4 millones de euros a una empresa privada a causa de su “nefasta gestión” en el proceso para rehabilitar la minicentral eléctrica conocida como la Fábrica da Luz.

El gobierno local de Lugo informó ayer de que no recurrirá en casación la sentencia que obliga a la administración local a indemnizar a la empresa Inca, concesionaria de la Fábrica de Luz, por las obras de restauración realizadas en la minicentral eléctrica, ubicada a orillas del río Miño, y el beneficio que ya no podrá obtener al caducar el permiso para la explotación de las instalaciones.

También confirmó que los dos primeros pagos, que suman 1,7 millones de euros, se realizarán antes de junio del presente año.

El viceportavoz del grupo municipal, Antonio Ameijide, explicó que el Partido Popular pedirá la comparecencia de la alcaldesa, Lara Méndez, como “máxima responsable de este procedimiento”, porque era a quien “le llegaban los requerimientos de la empresa afectada”, así como del exconcejal Daniel Piñeiro, “que dejó caducar la concesión”.

Asimismo, los populares también reclamarán “el inicio inmediato del expediente, acordado en el pleno de junio a iniciativa del PP”, para que “los políticos responsables” paguen “de su bolsillo” esos 2,4 millones de euros de indemnización.

“La alcaldesa de Lugo”, añade, como protagonista “principal” de ese expediente, “está deslegitimada para dirigir el procedimiento y para participar en él de ningún modo, salvo que sea como investigada”.

Ameijide dice que tampoco “puede tener capacidad de decisión ninguna persona vinculada a la alcaldesa o al exconcejal de Urbanismo, bien sea por afinidad personal, política o por dependencia jerárquica”.

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