El abogado que representa a Elena López, la cajera asesinada en el doble crimen del Cash Récord en Lugo, Gerardo Pardo de Vera, ha afirmado que, con la declaración en sede judicial del único investigado por el tiroteo, “estamos en la recta final” de este proceso para aclarar las circunstancias de lo sucedido.

El abogado hizo estas declaraciones a los medios de comunicación antes de la declaración M.J.V.C, de 54 años de edad, que fue citado para comparecer esta mañana en sede judicial por la titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Lugo como investigado por los delitos de asesinato, robo con violencia en las personas y tenencia ilícita de armas.

“Vamos a contrastar todos los datos del sumario con lo que esta persona puede decir”, dijo el abogado a las puertas de los Juzgados de Lugo, porque “esta declaración es fundamental, dado que la única que se le tomó fue en el año 1996, dos años después de que apareciesen indicios claros relacionados con esta persona, una de las cosas que no se entiende”.

De hecho, aseguró que, “en función del contenido de esta declaración, de una manera u otra se va a afrontar la recta final del proceso, porque ya no caben más prórrogas ni más diligencias, salvo sorpresas de última hora”.

Ventaja para el sospechoso

Esta circunstancia, subraya el letrado, es una ventaja para el sospechoso, pero también aclaró que “la tuvo a lo largo de todo el procedimiento a raíz del poco rigor y la poca racionalidad de las diligencias que se fueron practicando”.

Con respecto al hecho de que se le tome declaración 27 años después del crimen, opina que “es una anomalía desde el punto de vista procesal, pero bien está, aunque haya llegado un poco tarde. Hay que tener en cuenta que muchas diligencias se han ido practicando en estos últimos años y han dado sus pequeños resultados, que unidos a los datos con los que ya se contaba antiguamente, han dado lugar a ese procesamiento”.

Ahora, reconoció, el futuro de la causa “depende mucho del contenido de esta declaración. Lo que el Juzgado considere que son indicios claros para decidir sobre la apertura de juicio oral, aunque será en último término la Audiencia Provincial quien tendrá que decidirlo”.

En todo caso, reconoció que por parte de los familiares de los asesinados se mantiene la“esperanza” de llegar a juicio, porque ese es “en último término es el objetivo”.

“Si no ya habríamos arrojado la toalla hace tiempo”, concluyó.