Galicia recurre el canon del Estado que graba las concesiones en puertos autonómicos

La Xunta de Galicia ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra una orden del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que establece un nuevo canon estatal que afecta a las concesiones que ocupan terrenos portuarios adscritos.

Son concesiones, en concreto, en superficies que fue necesario ampliar después de que los puertos fueran transferidos por el Estado a las comunidades autónomas.

La Xunta calcula que la orden afecta a 79 puertos y multitud de concesiones, como puertos deportivos, asociaciones de mejilloneros, lonjas, varaderos, pantalanes y otras entidades asentadas en ellos. Y apunta a que hay diferentes informes emitidos por el Gobierno central que muestran su intención de actuar del mismo modo con otras concesiones en puertos como Sada, Vilaboa, Rianxo, Sanxenxo, Combarro, Bueu, A Guarda, A Toxa o Baiona.

ENCUENTRO ENTRE LA CONSELLERÍA DE PESCA, EMPRESARIOS Y COFRADÍAS

Tras un encuentro mantenido este miércoles con representantes de los distintos sectores afectados, la conselleira de Mar, Rosa Quintana, explicaba que el Ejecutivo central introdujo esta nueva tasa sin que hubiera ningún cambio legislativo que lo justificara y que sus implicaciones ponen en riesgo a viabilidad económica de muchas concesiones vigentes en las dársenas gallegas.

En este sentido, la representante de la Xunta detalló que este nuevo canon se añade a las tasas que ya abonan los concesionarios al ente público gallego y que su importe en caso alguno es el doble que el autonómico, con el que los afectados tendrían que pagar en algunos casos hasta el triple por ocupar esos espacios en terrenos adscritos.

Rosa Quintana subrayó que esta cuestión ya se entreveía en los últimos informes emitidos por Costas, pero se materializó en mayo de este año cuando el Ministerio notificó a Portos de Galicia y a un concesionario la orden ministerial en la que se recoge este nuevo canon en base a una interpretación dudosa de la Ley de Costas estatal. De este modo, las concesiones que ocupan terrenos ampliados en dársenas autonómicas, tras las transferencias estatales a Galicia, estarían sometidas a la tasa autonómica y también a la estatal.

En el caso concreto que sirve para la presentación del recurso por parte de la Xunta de Galicia, la aplicación del canon supone multiplicar por tres la tasa gallega y un impacto de más de 120.000 euros anuales, lo que dificulta la viabilidad económica de la concesión.

De ahí que la responsable autonómica de pesca no haya dudado en arremeter contra el Gobierno central al señalar que esta nueva medida "responde a una ideología del ministerio que se ha plasmado en su estrategia sobre la costa" y que implica "deshumanizarla", esto es, acabar con "todo lo que pueda generar riqueza o un valor social".

PATRONAL Y COFRADÍAS

Por parte de la confederación de empresarios de Galicia (CEG), Juan Vieites, ha censurado este "nuevo ataque del Gobierno de España a estas actividades" que se desarrollan en el litoral gallego. Se trata de algo "muy preocupante para Galicia", ha dicho, y ha valorado el recurso.

En representación de las cofradías gallegas, el presidente de la federación y patrón de Ribeira, José Antonio Pérez Sieira, ha lamentado que los "ataques" llegan "por todos lados" y ha acusado al Ejecutivo central de intentar acabar con el sector mar-industria.