El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha remitido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su propuesta para reformar la Ley Orgánica de Salud cara a obtener seguridad jurídica en la gestión de la pandemia y "evitar fallos como el conocido este jueves del Tribunal Superior de Justicia de Madrid".

Así lo ha manifestado el titular autonómico gallego tras la reunión de su gobierno este jueves, asegurando que "Es absolutamente imprescindible modificar la Ley Orgánica de Salud Pública para poder gestionar con eficacia por parte de las CA la pandemia" y defendiendo su propuesta como "constructiva, leal y hecha por expertos de Galicia, que bebe en las fuentes del Tribunal Constitucional" .

La propuesta que se remite al Gobierno central incluye un catálogo de medidas, tanto de control de enfermos de Covid, como de sus contactos, así como las posibles restricciones en la actividad de negocios y en la movilidad de las personas, para que los presidentes autonómicos puedan actuar con seguridad ysin que se produzcan situaciones como la que se está viviendo este jueves la Comunidad de Madrid.

SIMILITUDES ENTRE MADRID Y OURENSE

Precisamente, preguntado sobre la decisión del TSJM de rechazar el cierre de Madrid y sobre si una decisión de estas características puede afectar a las medidas adoptadas en Ourense, ha señalado que el propio fallo del tribunal madrileño avisa de que no hay una legislación "adecuada y suficiente"para garantizar que las medidas que adopten las autoridades de salud pública puedan ser validadas por los tribunales.

"Hay un vacío legal, una ausencia de regulación con rango de ley orgánica para que las comunidades autónomas podamos gestionar la pandemia, y el TSJM recuerda que la legislación actual española carece de contenido y de precisión para poder autorizar esas restricciones de derechos sin que se active el Estado de Alarma", ha indicado.

Además, en relación a las restricciones adoptadas por la Xunta en Ourense, ha asegurado que son iguales o similares a las activadas en julio en A Mariña. "Entendemos que si las primeras debían ser autorizadas, entendemos que también las segundas", ha subrayado para afirmar que "ya es suficiente la inseguridad del virus como para añadir una inseguridad jurídica simplemente por la negativa a legislar cuando es imprescindible".