El territorio frente a Galicia con el que España ampliará las fronteras de su soberanía: con gas y minerales potencialmente rentables

España está a punto de dar un paso estratégico en su soberanía marítima con la próxima aprobación definitiva por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de la extensión de su plataforma continental frente a las costas de Galicia. Se trata de 38.500 kilómetros cuadrados adicionales más allá de las 200 millas náuticas habituales, un territorio submarino de dimensiones similares a Extremadura, que pasará a estar bajo jurisdicción española para fines de exploración y explotación de recursos naturales.

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Este reconocimiento internacional llega tras más de una década de trabajo técnico y diplomático. En 2009, España presentó su propuesta a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC), un órgano científico y jurídico establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Aunque la solicitud original abarcaba 56.000 km², la ONU ha dado luz verde ahora a una parte clave: el sector al norte del Banco de Galicia.

Lo relevante de esta extensión no es solo su tamaño, sino su potencial económico y geoestratégico. El área incluye formaciones submarinas como la cuenca interior de Galicia, el cráter Gran Burato o el monte Fisterra, que pueden albergar recursos energéticos como gas natural y minerales estratégicos. Sin embargo, las profundidades —que oscilan entre los 800 y los 5.000 metros— también representan un reto tecnológico considerable para su aprovechamiento.

Una continuidad geológica clave

La base del argumento español ante Naciones Unidas fue la existencia del Banco de Galicia, una elevación submarina que, según estudios geofísicos y geológicos, constituye una prolongación natural del territorio peninsular. Esa continuidad geológica fue avalada mediante la recolección de muestras de roca, batimetría y datos sísmicos, lo que permitió fundamentar científicamente la extensión solicitada según lo estipulado en el artículo 76 de la CONVEMAR.

El proceso también implicó desafíos diplomáticos, especialmente con Portugal, país con el que España comparte margen continental en la zona. Para evitar un conflicto internacional, ambos países definieron un Área de Interés Común (AIC) entre los paralelos 41º52’N y 40º34’13’’N. En este espacio, las reclamaciones se superponen y, por tanto, será necesaria una futura negociación bilateral.

En paralelo, se están llevando a cabo nuevas campañas científicas que refuercen el conocimiento del área. El buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa zarpó en mayo desde Vigo para estudiar puntos estratégicos como el monte submarino Fisterra y el propio Banco de Galicia. En estas expediciones participan el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y el Instituto Hidrográfico de la Marina, entre otros organismos.

Una histórica ampliación

La aprobación definitiva de esta extensión por parte de la ONU supondrá un hito en la consolidación de la plataforma continental española, permitiendo ejercer derechos exclusivos sobre el lecho y subsuelo marinos para actividades como la prospección y explotación de sus recursos. Aunque no se trata de una ampliación de aguas territoriales —que siguen limitadas a las 12 millas—, sí representa una ganancia de jurisdicción económica crucial en un momento en que el acceso a fuentes de energía y materiales estratégicos cobra cada vez mayor importancia.

Con esta decisión, España se sitúa entre los países que han logrado extender su soberanía sobre el fondo marino más allá de las 200 millas náuticas, lo que refuerza su papel en el ámbito del derecho internacional del mar y abre la puerta a nuevas oportunidades económicas y científicas para las próximas décadas.