¿Qué va a pasar con las Viviendas de Uso Turístico este verano en A Coruña?: "No van a poder venir"

Con la espada de Damocles viven a día de hoy los propietarios de Viviendas de Uso Turístico (VUT). Son muchas las amenazas que se ciernen sobre este colectivo. Con las nuevas normativas encima de la mesa el colectivo teme que en A Coruña se cierren el 80% de las viviendas de este tipo. El vicepresidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (AVITURGA) y propietario de un inmueble de este tipo en la ciudad herculina, Rafael Serrano, advierte de una "ilegalización" en pleno período estival, afectando a familias propietarias y visitantes por igual.

Y es que la tormenta normativa ya está aquí. La reciente aprobación de la nueva ordenanza municipal que regula la actividad de este tipo de viviendas, ya publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y que en unos días podría entrar en vigor, va a suponer un antes y un después. Según el vicepresidente de AVITURGA, "se les ha expuesto a unas regulaciones" de quienes venían operando sin problemas en los últimos siete años que "no van a poder cumplir". Hasta 2024, recuerda Rafael Serrano, "no se requirió ninguna solicitud de actividad a las viviendas que funcionaban en ese momento". 

El Ayuntamiento de A Coruña ya ha remitido siete órdenes de cierre de pisos turísticos y se esperan muchas más. 

decreto estatal

Como si la norma local no fuera suficiente, el próximo dos de julio entra en vigor el reglamento nacional que exige un número de registro único para anunciar una vivienda turística en plataformas como Airbnb o Booking. Uno de los requisitos, que antes era voluntario, ahora exige registrar la vivienda en el Registro de la Propiedad, algo que asegura "en algunos casos es difícil o incluso imposible" además de vulnerar, indica, competencias autonómicas al duplicar registros públicos ya existentes. 

Recuerda que la normativa europea señala que para una actividad solamente se puede exigir un registro público. "Este registro es muy, muy perjudicial y va a obligar a ilegalizar de facto cientos de miles de viviendas a nivel estatal". Subraya que este proceso también supondrá nuevos costes para los propietarios que "tendrán que pagar por el coste del proceso de registrarla".

consecuencias

¿Esta situación les está haciendo perder ya clientes? Serrano afirma que "hay muchos turistas que se han encontrado con una comunicación por parte del propietario diciéndole que tiene que suspender el alquiler por el temor que durante la estancia de turista llegue la orden de cierre que tiene efectos inmediatos". Por lo que sentencia "hay turistas que este verano no van a poder venir a La Coruña y hay propietarios que van a dejar de percibir unos ingresos que están programados dentro de su economía familiar". Lamenta que se "demonice" una actividad en una "ciudad costera y tradicional de veraneo" como A Coruña que va, asegura, a impactar en la economía de la ciudad. 

Augura un verano "muy complicado" para los turistas que quieran venir a la ciudad. Los propietarios están "muy incómodos, están cabreados, con una gran incertidumbre porque se les está imponiendo, digamos, una ilegalización". 

conversión en alquileres a largo plazo

Con estas normativas lo que se pretende es minimizar la problemática del acceso a la vivienda reconvirtiendo estos pisos en alquileres a largo plazo. Sin embargo, el vicepresidente de AVITURGA replica que "esas viviendas no encajan en ese mercado", ni por voluntad ni por diseño, y critica que se trasladen responsabilidades públicas a particulares para resolver la crisis inmobiliaria. 

Relata Serrano una situación tan "absurda" como que la ordenanza municipal prohíbe que se pueda compatibilizar el alquiler a estudiantes en invierno con el alquiler a turistas en verano. Subraya que con este tipo de regulaciones se está "dirigiendo permanentemente la disponibilidad del patrimonio de los coruñeses a los intereses de las administraciones". 

recursos ante la justicia

Los afectados preparan recursos ante la Justicia e, incluso, ante la Comisión Europea. Rafael Serrano avisa que estos procesos judiciales pueden durar "entre un año y medio y tres años", lo que puede dejar a muchos "en el camino". "Eso es la baza con la que juegan las administraciones, que su legislación tiene efecto inmediato y la solución de la justicia viene siempre con demora. No sé si ahí habrá opción de pedir daños y perjuicios. Acudir a la justicia no es plato de buen gusto", añade. 

Es una opción, pero, muchos propietarios eligen adaptarse, vender o reconvertir su vivienda, antes que arriesgarse a una batalla legal cara y prolongada. El colectivo se siente "chivo expiatorio" del problema de la vivienda en España. Atribuye la crisis actual a una década de escasa construcción, tanto pública como privada, y a políticas poco ambiciosas para ampliar la oferta residencial. "Las administraciones están buscando en el patrimonio de los particulares una tipología específica de alquiler, forzando a los propietarios a que destinen sus viviendas a suplir una inoperancia durante una década de facilitar la construcción y de promoverla", sentencia.