El juzgado de instrucción número 3 de Madrid ha decretado la intervención de las fábricas de Alu Ibérica de A Coruña y Avilés. En el auto asegura que adopta esta medida cautelar durante, al menos, seis meses, aunque se podría prorrogar. La medida obedece a la necesidad de proteger a los perjudicados y para evitar la desaparición de pruebas. Se designará ahora como interventor a uno o varios funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Intervención General de la Seguridad Social. Se requerirá, además, autorización del interventor para la realización de las gestiones por parte de los actuales propietarios.

Según el auto, las primeras investigaciones realizadas respecto a la querella presentada por el sindicato Confederación de Cuadros Profesionales, han permitido constatar la "verosimilitud" de los hechos denunciados, que refieren la existencia de diversas "irregularidades" en la venta de las factorías, incumpliendo los acuerdos alcanzados con ALCOA y con la propia representación de los trabajadores, perjudicando sus intereses y la de los acreedores.

El escrito del juzgado recoge como tras la venta del 100% del capital social de ALCOA a Parter Capital Group, éste vendió, en pocos meses, el 74'67% de las participaciones a la sociedad española System Capital Management, de la que, "no consta que acumule experiencia alguna en el sector productivo del aluminio". Esa transmisión de participaciones se culminó por un precio muy superior al que fue abonado por el grupo Parter. Parter consiguió el 100% del capital social por 1 USD, que fue vendido al grupo Capital Riesgo por 13 millones de euros. Según el auto, en el marco de dicha adquisición se puede identificar una operación que evidenciaría la "descapitalización" de las fábricas de ALCOA de A Coruña y Avilés. Operación que, además, contribuye a la imposibilidad de reflotarlas. El juzgado asegura que el grupo Capital Riesgo habría servido de canal para detraer capitales de las plantas de producción por lo que, aunque la instrucción está en una fase inicial, estaríamos ante un "acto de vaciamiento patrimonial".

El juzgado concluye que los hechos objeto de investigación en la causa revelan "en forma indiciaria" la "presunta comisión de delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal, así como fraude en las subvenciones y el consiguiente blanqueo de capitales".