El presidente del comité de empresa de la fábrica de Alu Ibérica en A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, ha avanzado que están ultimando una denuncia para presentar ante Fiscalía con las "ilegalidades" que, a su juicio, existen en la compraventa de la instalación. "Estamos en una situación muy crítica", ha reiterado, en declaraciones a los periodistas, el presidente del comité de empresa tras una reunión con el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada.

"Hay suficiente documentación e información para que se obre con contundencia", ha recalcado. Incide en que van a "elaborar" la denuncia y "presentarla" ante Fiscalía. "Desde el acuerdo de compra-venta y lo que pasó desde aquel momento", ha dicho tras la venta de Alcoa al fondo Parter y este, posteriormente, al Grupo Riesgo.

Corbacho ha vuelto a denunciar que en ese proceso por parte de Alcoa hubo "mala fe". "Quiso deshacerse por capítulos del aluminio primario en España" . Por ello, ha exigido una solución al Gobierno que, a su juicio, pasa por "la intervención" tanto de las plantas de A Coruña y Avilés, actualmente Alu Ibérica, y la de Alcoa, en San Cibrao (Lugo).

PLAN INDUSTRIAL

En respuesta a este anuncio, el Grupo Industrial Riesgo insiste en que el proceso de venta de las plantas de aluminio de A Coruña y Avilés "se ha llevado a cabo cumpliendo todos los requisitos normativos y de procedimiento exigidos para la adquisición en nuestro país". "Incluso, el acuerdo, ha sido rectificado, posteriormente, ante notario, a petición del vendedor original, reconfirmándose la adhesión a todos los contratos".

Por otra parte, indica que las plantas de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés "se están gestionando actualmente bajo las directrices de un plan industrial claro y definido, que actualmente se está aplicando". "Dentro de este plan industrial y concretamente a la planta de A Coruña se ha destinado una inversión de 1,3 millones de euros para su conversión a gas natural, necesaria para garantizar una producción sostenible", añaden en un comunicado.

POSTURA DEL GOBIERNO

Por su parte, el delegado del Gobierno, Javier Losada, ha trasladado al comité que el Ejecutivo "comparte sus preocupaciones acerca de la actividad industrial de la actual factoría", ha informado al término de la reunión. Durante el encuentro, al que ha asistido la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López-Rioboo, ha reafirmado, según explica la Delegación del Gobierno, que se "mantiene firme el compromiso que adoptó cuando se produjo la venta de la fábrica". "Supervisar el proceso y este Gobierno lo está cumpliendo", recalca.

Así, les ha explicado que tanto el Ministerio Fiscal como Agencia Tributaria, Inspección de Trabajo y Abogacía del Estado están analizando las denuncias y los informes de la empresa propietaria para confirmar si existen "incumplimientos del contrato de compraventa". "Y, en consecuencia, actuar en defensa de la actividad industrial y de los trabajadores". "Estamos comprobando todos los datos por si es preciso tomar decisiones por vía administrativa o incluso por la vía judicial", afirma.