La Justicia condena al SES por no proteger a una médica y marca un antes y un después en las agresiones sanitarias

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha sido condenado a indemnizar con 10.000 euros a una doctora del centro de salud de Mérida Urbano 1 tras sufrir una agresión verbal. La sentencia, calificada como pionera en la región, establece por primera vez la responsabilidad subsidiaria del SES en materia de prevención de riesgos laborales. Así lo explica Pedro Hidalgo, presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, quien señala que este fallo judicial reconoce que las medidas de protección implementadas "no han sido suficientes".

Proteger al que nos cuida

Las dificultades para proteger a los sanitarios son notables. Según Hidalgo, no es posible instalar una cámara de videovigilancia en la consulta porque se debe "respetar el secreto médico". Otras medidas como el botón del pánico pueden resultar tardías, y la presencia de un guarda de seguridad en cada consulta es inviable. "Pensar que van a agredir al que va a ayudarte, que van a agredir al que se le viene a pedir ayuda, no se había dado nunca en el sentido de tener que proteger al cuidador", lamenta.

La agresión cicatriza muy mal, y la cicatriz genera, a veces, una justificación de la medicina defensiva"

Pedro Hidalgo

Presidente del Colegio de Médicos de Badajoz

El presidente del Colegio de Médicos advierte de que muchas agresiones no se denuncian por miedo, incluyendo amenazas, agresiones verbales y una "sensación de acoso" que incluye esperas en el aparcamiento o incluso mostrar al médico imágenes de sus hijos. Esta situación deja una herida que "cicatriza muy mal", llevando en ocasiones a una medicina defensiva, la cual califica de "cara, cobarde y éticamente reprobable".

La responsabilidad es del empleador

La protección y la prevención en riesgos laborales le corresponde al empleador"

El Colegio de Médicos de Badajoz actuó como acusación en el caso, elevando el proceso hasta el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura para sentar un precedente. Hidalgo concluye que la sentencia demuestra una verdad fundamental: "La protección y la prevención en riesgos laborales le corresponde al empleador, sea público o sea privado". La clave, insiste, es "proteger a quien nos protege".