La juez procesa a David Sánchez por prevaricación y tráfico de influencias

La juez del caso David Sánchez procesa al hermano del presidente del Gobierno y a diez cargos más de la Diputación de Badajoz, entre ellos, el presidente de la institución, Miguel Ángel Gallardo y el diputado Ricardo Cabezas, líder del PSOE en Badajoz.

La magistrada, Beatriz Biedma, inicia el procedimiento abreviado, dando diez días al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas a que soliciten la apertura del juicio oral o pidan el sobreseimiento de la causa.

Los delitos por los que se inicia el procedimiento abreviado: prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Las actuaciones siguen contra los siguientes investigados: David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo, Elisa Moriano, Cristina Núñez, Juana Cinta, Félix González, Manuel Candalija, Emilia Parejo, Francisco Martos, Ricardo Cabezas y Luis María Carrero.

La jueza entiende que en todo este caso no se han respetado los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad como condicionamientos constitucionales de la contratación administrativa y de los principios de objetividad e interdicción de la arbitrariedad, al existir varias resoluciones administrativas que contenían una declaración de voluntad de contenido decisorio, considerándose como tales los siguientes: propuesta de creación del puesto de coordinador de actividades de los conservatorios, resolución de Gallardo disponiendo la contratación de Sánchez como personal de alta dirección, propuesta de modificación del puesto de coordinador a jefe de la Oficina de Artes Escénicas y propuesta de creación del puesto de la Jefatura de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas.

Sobre el delito de tráfico de influencias, apunta la jueza que hay indicios de que David Sánchez habría utilizado “influencia” en la Diputación para “obtener un beneficio propio”.

La jueza dicta también que sobre los delitos contra la hacienda pública y de enriquecimiento ilícito “no existen indicios racionales de criminalidad” que permitan continuar el procedimiento penal.