Piden la nulidad del contrato de limpieza del Hospital de Plasencia

 La Federación Empresarial Cacereña (CEOE-CEPYME) ha presentado ante la Comisión Jurídica de Extremadura un recurso especial en el que solicita la suspensión cautelar y la nulidad del concurso público para el servicio de limpieza integral del Hospital Virgen del Puerto y el Centro de Especialidades Luis de Toro, en Plasencia.

Según ha informado la federación, la Comisión Jurídica ya ha acordado la suspensión cautelar del procedimiento al considerar que se cumplen los requisitos legales para ello.

El concurso, con un valor estimado de 6,16 millones de euros, es considerado insuficiente por la patronal, que calcula que la licitación debería superar los 7,5 millones.

El recurso, firmado por el secretario general de la FEC, Pedro Rosado, señala tres deficiencias jurídicas y técnicas: la insuficiencia presupuestaria, la clasificación incorrecta de los gastos generales y la inviabilidad de los plazos de adjudicación.

En materia económica, la organización denuncia que el pliego no contempla los incrementos previstos en los convenios colectivos sectoriales ni la actualización del Salario Mínimo Interprofesional.

Según la FEC, basar el presupuesto en una congelación salarial de cuatro años supone que el Servicio Extremeño de Salud (SES) no prevé dotación alguna para los incrementos salariales previsibles, lo que, a su juicio, "traslada a las empresas los costes derivados de la inacción de la administración".

La patronal ha advertido de que esta situación llevaría a que, "técnicamente", los trabajadores del sector de limpieza de los centros hospitalarios de Plasencia no tendrían derecho a subida salarial durante los próximos cuatro años.

Por ello, ha hecho un llamamiento a los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y USO "para que respalden la impugnación".

En cuanto a la clasificación de gastos, el recurso critica que el SES considere como gastos generales de la empresa -y no como parte del presupuesto del servicio contratado- los materiales, suministros específicos, uniformidad y equipos de protección individual, elementos que, según la FEC, corresponden directamente a la ejecución del contrato.

"Esta práctica vulnera la normativa autonómica y altera los porcentajes legales de gastos generales y beneficio industrial", ha afirmado.

La organización empresarial también ha advertido de que el calendario del concurso impide iniciar el contrato con garantías en noviembre de 2025, debido a los plazos administrativos para la apertura de sobres y tramitación documental.

La FEC ha subrayado que estas deficiencias "generan inseguridad jurídica tanto para los trabajadores, que podrían no ver reconocidos sus incrementos salariales y derechos laborales, como para las empresas licitadoras, cuya viabilidad podría verse comprometida".

La organización ha solicitado la anulación del procedimiento y la suspensión cautelar de la adjudicación hasta que se resuelva el recurso, "con el fin de evitar perjuicios económicos y garantizar la participación efectiva de las empresas".