Piden cinco años de cárcel para una mujer por fingir la muerte de un hijo y estafar 114.000 euros a su pareja

La Fiscalía Provincial de Cáceres pide cinco años de prisión a una mujer acusada de una presunta estafa continuada por valor de 114.000 euros a un hombre con el que mantenía una relación afectiva en Plasencia.

Los hechos se remontan a 2016, cuando la acusada, de nacionalidad rumana, comenzó a trabajar en la recolección de cerezas y entabló una relación sentimental con la víctima, con quien llegó a convivir.

Una espiral de engaños y amenazas

Según el escrito de acusación, durante años la mujer habría ganado progresivamente su confianza "con el único objetivo de obtener un beneficio económico, aprovechándose del vínculo personal y emocional existente".

La acusación detalla que, sobre todo en 2023, la mujer le pidió dinero desde el extranjero, inventando "accidentes graves o el fallecimiento de un hijo". Además, la Fiscalía sostiene que llegó a afirmar que estaba embarazada del perjudicado y que iban a contraer matrimonio para seguir pidiéndole dinero.

En uno de los episodios "más graves", cuando el hombre le dijo que no tenía más fondos, la acusada presuntamente le amenazó con autolesionarse o suicidarse si no le entregaba más dinero. El hombre, convencido de la veracidad de los hechos, realizó tantas extracciones que llegó a quedarse "con un saldo residual de apenas cuatro céntimos".

Venta de patrimonio y pena solicitada

Ante el temor de que cumpliera sus amenazas, el perjudicado vendió una finca de su propiedad y le entregó 35.000 euros.

A esa cantidad se suman otros 65.000 euros en efectivo que guardaba en su domicilio y diversas transferencias y retiradas de dinero que suman cerca de 49.000 euros. En total, la cantidad presuntamente estafada asciende a 114.000 euros, que el perjudicado reclama íntegramente.

La Fiscalía califica los hechos como un delito de estafa agravada y solicita una pena de cinco años de prisión, una multa de diez meses con cuota diaria de 10 euros y la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo. Además, pide que la procesada indemnice al perjudicado con los 114.000 euros sustraídos más los intereses legales.