Los vecinos de Cuartos del Baño vuelven a manifestarse: incomunicados y "abandonados"

Los vecinos de la Finca Cuartos del Baño en Cáceres han convocado una nueva manifestación para exigir al ayuntamiento el cumplimiento de una sentencia judicial. La protesta tendrá lugar el próximo jueves, 19 de febrero, a las 9:30 horas, en la puerta del Ayuntamiento de Cáceres, coincidiendo con el Pleno Municipal. El objetivo es reclamar la ejecución de las obras y la apertura del camino público Monte Almeida, que una resolución judicial firme reconoce como tal.

Un camino público y una sentencia sin cumplir

El conflicto se origina por el cierre del camino, que mantiene a los vecinos con dificultades de acceso, una situación agravada tras los recientes temporales. Desde el colectivo argumentan que la inacción del consistorio sienta un precedente peligroso: “Si un camino público puede cerrarse y, además, una sentencia judicial no se cumple, mañana puede pasarte a ti”.

Si un camino público puede cerrarse y una sentencia no se cumple, mañana puede pasarte a ti"

Vecinos de la Finca Cuartos del Baño

Los afectados acusan directamente al Ayuntamiento de Cáceres de “mirar hacia otro lado” y de “mentir en sus declaraciones”. En su convocatoria, los vecinos son tajantes en sus demandas y afirman: “No queremos más mentiras”. Advierten que no permitirán que el gobierno municipal, con Rafa Mateos a la cabeza, eluda su responsabilidad en un asunto que afecta a la seguridad y los derechos de la ciudadanía. Los vecinos ya han llevado al juzgado la ejecución de la sentencia, lo hicieron el pasado viernes.

00:00

Volumen

Cerrar

OPC Cáceres

La Guardia Civil comprobando la situación del río Salor en el acceso a la finca Cuartos del Baño

La convocatoria, definida como una “acción ciudadana pacífica”, busca no solo la solución a su problema, sino también el apoyo del resto de la ciudadanía. Las reclamaciones son claras: la ejecución inmediata de las obras pendientes, el cumplimiento íntegro de la sentencia y la apertura definitiva del camino para garantizar un “acceso público, seguro y legal” a sus viviendas.