El cacereño Juan Carlos Caso, que interpuso un recurso contencioso administrativo por las obras de la calle Alzapiernas de Cáceres, ha puesto fin al procedimiento judicial abierto hace un año y nueve meses al entender que el ayuntamiento va a acometer obras de mejora de la accesibilidad en la principal vía de acceso al centro de la ciudad desde la plaza de Obispo Galarza.

Caso demandó al ayuntamiento por entender que las obras que se habían llevado a cabo en la citada calle y en su entorno no cumplían la normativa de accesibilidad. Tras solicitar de forma reiterada información al ayuntamiento y no recibirla decidió interponer un recurso en el juzgado contencioso administrativo.

Ahora, tras el anuncio de que se van a llevar a cabo actuaciones puntuales en esa zona para corregir los errores de la obra, Caso, que sufre una grave discapacidad visual, ha decidido poner fin a este litigio.

"Aunque se van a hacer cuatro cosillas entendemos que ya están presupuestadas y que se van a llevar a cabo, por lo que no tiene sentido seguir con este procedimiento judicial", ha señalado el demandante, que ha dado una rueda de prensa este viernes junto a su abogado Sebastián Gallego.

No obstante, ha considerado que la obra de Alzapiernas ha sido "un total despropósito" y "un despilfarro del dinero público", y ha criticado que nadie haya asumido ninguna responsabilidad, ni en la anterior legislatura ni en ésta en la que, según ha dicho, "no se ha querido hacer una caza de brujas".

Las denuncias de Juan Carlos Caso comenzaron hace cuatro años cuando solicitó al Ayuntamiento de Cáceres el expediente informativo sobre la obra al no cumplir la normativa de accesibilidad, según avaló la propia Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (OTAEx), con los informes que ha realizado.

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Esa información no le llegó hasta que no hubo una "amenaza de sanción o multa" por incumplir la legislación, según ha explicado el abogado de Caso. Cuando por fin se le entregó la información no se le hizo en un formato accesible adecuado a su discapacidad visual, por lo que decidió interponer el recurso en el Juzgado Contencioso-Administrativo por inactividad.

El proceso judicial también se ha alargado debido a la constante petición de informes y la ralentización de los procesos por la pandemia y, una vez que el ayuntamiento ha anunciado que va a realizar reformas en la citada calle y en los alrededores, el demandante entiende que debe poner fin al procedimiento judicial por "satisfacción extraprocesal por el objeto de la litis", ha explicado el abogado.

Aunque haya decidido poner fin al proceso judicial, Juan Carlos Caso cree que todo esto ha servido para que se tome conciencia de la necesidad de adaptar los espacios urbanos a la accesibilidad de las personas con problemas de discapacidad, tanto visual como de movilidad.

Cabe recordar que las obras de la calle Alzapiernas y el entorno se realizaron con fondos europeos Edusi en la anterior legislatura con un presupuesto de medio millón de euros. Consistieron en la instalación de una escalera mecánica en uno de los tramos y la construcción de rampas que no cumplen la normativa de accesibilidad.