El tabaco extremeño agoniza y pide al Gobierno una autorización excepcional para sobrevivir

Las organizaciones agrarias UPA UCE Extremadura y Asaja Extremadura han lanzado una voz de alarma conjunta sobre la crítica situación que atraviesa el sector del tabaco. En una rueda de prensa, sus representantes, Óscar Llanos y Ángel García Blanco, han solicitado al Ministerio de Agricultura una autorización excepcional para el uso del desinfectante de suelos metan sodio sin aplicación bajo plástico, una exigencia que consideran "inasumible" y que aboca al sector a la desaparición.

Un "mar de plástico" insostenible

La nueva normativa obliga a cubrir con un plástico las tierras tratadas, lo que, según denuncian, es inviable desde el punto de vista técnico, logístico y medioambiental. Llanos ha explicado que esta práctica generaría un grave problema de gestión de residuos de plástico, ya que no existen empresas en la zona con capacidad para retirar el enorme volumen de este material en el corto plazo que exige el ciclo del cultivo. Además, los agricultores no disponen de la maquinaria necesaria para su instalación, lo que convierte la medida en un obstáculo insalvable.

García Blanco ha sido tajante al respecto, calculando que la medida supondría un coste de 24 millones de euros solo para la instalación de los plásticos en las 8.000 hectáreas de la comarca, una cifra desproporcionada para una producción total valorada en 70 millones. "Quieren convertir el Tiétar y La Vera en una nueva Almería", ha criticado, aludiendo a la insostenibilidad ambiental del modelo.

El Ministerio de Agricultura y la Unión Europea se han puesto el objetivo de acabar con el cultivo del tabaco en España en un plazo de 2 años"

Ángel García Blanco

Presidente de Asaja Extremadura

El presidente de Asaja Extremadura ha acusado directamente a las administraciones de tener un plan premeditado. "El Ministerio de Agricultura y la Unión Europea se han puesto el objetivo de acabar con el cultivo del tabaco en España en un plazo de 2 años", ha sentenciado. García Blanco ha lamentado que, mientras en España se prohíben productos como el dicloropropeno 1.3, en Italia se autoriza a los competidores directos, lo que considera un agravio comparativo que deja al campo español indefenso y abocado a importar tabaco de Mercosur de "muy baja calidad" y producido con fitosanitarios aquí prohibidos.

Pérdidas millonarias y un futuro en el aire

La falta de tratamientos eficaces contra las plagas podría suponer una pérdida en torno al 30 por 100 de la producción, lo que se traduce en casi 5.000 euros por hectárea. Esta situación, advierten, no solo afecta a los agricultores, sino que amenaza el futuro de toda una comarca que vive del tabaco, como el Campo Arañuelo y La Vera, poniendo en riesgo a empresas transformadoras como Cetarsa y a toda la industria auxiliar.

A este problema se suma la dificultad para cumplir con las exigencias de la ayuda a la producción integrada, que requiere la siembra de rabanito y mostaza. Las intensas lluvias han malogrado estos cultivos, por lo que han solicitado a la Junta de Extremadura una excepcionalidad para no perder esta ayuda. También han denunciado la inexplicable subida del gasóleo agrícola en más de un 30%, lo que dispara aún más unos costes de producción ya muy tensionados.

Las organizaciones agrarias han interpuesto un recurso de alzada y esperan que el Ministerio reconsidere su postura. Insisten en que, paradójicamente, el tabaco español es el único a nivel europeo que ofrece garantías medioambientales certificadas, un valor que ahora se ve amenazado por una normativa que consideran un contrasentido. La advertencia final de García Blanco resuena con fuerza en el contexto actual de crisis de precios y búsqueda de la seguridad alimentaria: "La ruina de los agricultores va a ser el hambre de los consumidores".